El Congreso del Estado definirá hasta el inicio del tercer periodo ordinario de sesiones si se llamará a comparecer a la secretaria de Planeación y Finanzas del gobierno del Estado, María Teresa Castro Corro, para explicar el boquete financiero que se le causó a las finanzas de la entidad la sanción que les impuso el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a causa de los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN).
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Eduardo Castillo López, informó que ya se recibió el documento del PAN con el que solicita la comparecencia de la funcionaria estatal, y que lo presentaron durante la sesión de la Comisión Permanente del pasado 13 de abril.
“No somos jueces, somos respetuosos de ello, para eso hay instancias como la Auditoría Superior del Estado; para eso está la fiscalía, que ellos son los órganos a los que compete. Nosotros desde el Congreso lo que tengamos que hacer o reformar lo haremos con mucha responsabilidad, con mucho respeto”, señaló.
No obstante, enfatizó que la decisión de pedir la comparecencia de la secretaria se tomará hasta que las autoridades correspondientes que deben investigar el caso son la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
El coordinador de la bancada de Morena expresó que se analizará en las siguientes reuniones de la Junta de Gobierno del Congreso local, pues de manera personal no puede tomar una postura sobre la procedencia de la solicitud para que Castro Corro acuda ante los diputados locales.
No obstante, el legislador por el distrito de Acatlán de Osorio consideró que la bancada panista no se puede tomar atribuciones para pedir sanciones a los funcionarios estatales por los litigios y pagos que ha tenido que efectuar la administración pública del estado.
“En el Congreso estaremos al pendiente, si en algo podemos reforzar, apoyar. Seremos respetuosos, en Junta de Gobierno analizaremos si se llama a comparecer o no a la secretaria Corro y, con base en ello, tomaremos una decisión, soy respetuoso de las instancias”, expresó Castillo López.
El diputado de Morena también comentó que una vez que las autoridades desahoguen sus investigaciones, el Congreso analizará y determinará si la titular de la Auditoría, Amanda Gómez Nava, incurrió en conflicto de interés durante su paso por la Secretaría de la Función Pública, ya que no alertó sobre el boquete financiero al revisar la cuenta pública del estado.
En días pasados, el PAN aprovechó la sanción impuesta por el SAT al gobierno del estado para arremeter en contra de la administración de Miguel Barbosa Huerta y acusar presunto daño a la hacienda del estado, por lo que pidieron investigaciones y sanciones a los funcionarios estatales encargados de llevar el litigio contra el órgano recaudador.
No obstante, el litigio se ocasionó debido a que en 2012 el gobierno estatal encabezado por Rafael Moreno Valle contrató a la empresa Sistemas LAC para gestionar la recuperación de estímulos fiscales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ante el SAT por 700 millones de pesos, sin embargo, esto fue un fraude, por lo que el sistema sancionó al gobierno de Puebla.
De acuerdo con el periodista Mario Alberto Mejía, durante la administración del panista Antonio Gali Fayad se intentó pagar dicha sanción que se encontraba en mil 200 millones de pesos, sin embargo, Moreno Valle se opuso insistentemente a que el gobierno del estado pagara la multa y llevara el tema a litigio contra el SAT.
