Durante años se creyó que el conflicto central entre Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad había sido el fallido incremento de la tarifa del transporte público.
El ya senador buscaba que el aún gobernador subiera el monto en aras de que Martha Erika Alonso, para entonces gobernadora electa, no pagara el costo social de la medida.
Hoy queda claro que entre ellos hubo una diferencia anterior que resultó fatal: la trama del oneroso adeudo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) —que escaló a un monto de 2 mil 700 millones de pesos— que terminó pagando el 5 de abril el actual gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas.
Gali como gobernador era de la idea de liquidar el adeudo para evitar que los intereses moratorios aumentaran.
Moreno Valle se opuso con toda la fuerza que le daba ser su jefe moral.
Un primer reproche vino cuando Rafael Ruiz Cordero, a la sazón subsecretario de Egresos, alertó al gobernador Gali sobre el tamaño del quebranto.
Éste buscó a Moreno Valle para reclamarle.
El áspero diálogo —palabras más, palabras menos— estalló en un encuentro entre ambos:
—¡Me dejaste un desmadre, Rafa! ¡Lo del SAT es imposible ganarlo!
—¡No, ni madres, sí se puede ganar!
Los gritos subieron de tono.
Al final ambos quedaron severamente disgustados.
La fractura estaba dada.
A Gali no le quedó otra que perseverar en el juicio.
Y los intereses fueron creciendo al igual que los enconos entre ambos personajes.
Todo nació de una “idea genial”.
Quien la tuvo, según fuentes que pidieron la gracia del anonimato, fue Gerardo Fernández, que trabajaba para Cabalán Macari —a la sazón Secretario de Administración.
Moreno Valle compró la idea de exigirle al SAT una devolución millonaria de impuestos.
Tiempo después, el 6 de marzo de 2015 —ya desaparecida la Secretaría de Administración y convertida otra vez en subsecretaría dependiente de Finanzas—, Marina Castro Morales, titular de la misma, firmó un contrato con Sistemas LAC, despacho que tramitó ante el SAT la recuperación, implementación y aplicación para la obtención de estímulos fiscales de los ejercicios 2009 y 2010.
En abril de 2015, Araceli Escalante Olvera, directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, firmó otro contrato con Sistemas LAC para otorgarle, mediante una adjudicación directa, la responsabilidad de realizar el procedimiento señalado líneas atrás ante el SAT.
Este organismo generó un saldo a favor del gobierno por 702 millones de pesos, pero, ya con Gali en Casa Puebla, detectó que la devolución de impuestos no había sido legal, una vez que estuvo sustentada en una disposición fiscal de 2008, misma a la que el gobierno poblano se adhirió hasta 2012.
Gali entró en una encrucijada: o pagaba mil 200 millones de pesos de crédito fiscal o se lanzaba a la aventura de un litigio contra el SAT.
Y aquí volvemos al origen de la ruptura entre Gali y Moreno Valle.
Este último dijo no a la opción de pagar, bajo el argumento de que ganarían el juicio.
Gali no se quedó conforme, pero dejó correr el tiempo.
Este 5 de abril, cuando el adeudo ya era millonario, Finanzas pagó 2 mil 700 millones de pesos.
