La Secretaría de Administración municipal, a cargo de Bernardo Arrubarrena García, detectó faltantes en el número de vehículos que se encontraban en resguardo en el Corralón de la Comuna, por lo que iniciarán una investigación que podría afectar a exfuncionarios de la administración de Claudia Rivera Vivanco.
El faltante de una parte de los 5 mil 602 vehículos que se tenían contabilizados durante el proceso de entrega-recepción colocó en un brete al gobierno municipal panista, toda vez que la venta de esos autos ya se había pactado desde agosto de 2022, a través de una licitación que ganó la empresa Sánchez & Sánchez Asesores.
El funcionario sostuvo que la Contraloría municipal ya inició un expediente de queja para deslindar responsabilidades, aunque aseguró que la compañía ganadora de la licitación nada tuvo que ver con la desaparición de los vehículos chatarra.
“Hubo algunas irregularidades sobre la información y dictámenes que entregaron de la administración anterior, hay un faltante de vehículos, el procedimiento está en investigación, la empresa no tiene la responsabilidad”, dijo Arrubarrena.
El funcionario evitó responder cuál fue la cantidad de vehículos que presuntamente no aparecen dentro de la flotilla, debido a que expuso, hay una investigación en curso que requiere secrecía.
En agosto del año pasado, el Ayuntamiento de Puebla vendió a la compañía Sánchez & Sánchez Asesores más de 5 mil unidades inservibles del corralón por un monto de 23 millones 400 mil pesos.
Un mes después, la empresa ya había retirado mil 500 autos chatarra que se encontraban en el sitio, el equivalente al 26.8 por ciento del total pactado dentro de la venta y tenían hasta el mes de noviembre para llevarse la flotilla entera.
La venta de las unidades, a decir de las autoridades municipales, fue para evitar contaminación, riesgos por la acumulación de sustancias tóxicas e inflamables, así como parte de un proceso de depuración del espacio para un correcto funcionamiento del depósito.
A cambio de la venta, la empresa tenía la obligación de destruir los vehículos y sus refacciones, a fin de evitar que estas fueran comercializadas en el mercado negro.
En enero de 2023, durante la Comisión de Patrimonio y Hacienda municipal, Bernardo Arrubarrena indicó que de los 23 mil 400 millones que la Comuna pedía por el lote, sólo habían sido pagados 5 mil 800 millones de pesos debido a que la compañía solicitó una prórroga. Hasta el momento se desconoce si la firma ya entregó la totalidad del monto pactado en la licitación pública.
