A través de tres dictámenes aprobadas y de al menos seis iniciativas que están en análisis o a un paso de ser aprobadas en el Pleno, la LXI legislatura local ha cerrado o pretende cerrar la puerta a violentadores en su participación política e incluso capacidad de movilidad a otros países.
A la mitad de la LXI Legislatura, los diputados han avanzado con reformas como Ley Ácida, Ley Monzón y Ley Vicaria, entre otras, que sancionan a violencia contra las mujeres con severas penas de cárcel y retiran la patria potestad sobre los hijos de las víctimas.
No obstante, también se encuentran en el estudio reformas para crear el Registro Estatal de Deudores Alimentarios; el retiro de imágenes audios y videos de las redes sociales y páginas que violenten a mujeres; agilizar la expedición de órdenes de protección para mujeres que se encuentren en peligro de agresores, entre otras que esperan su análisis en la actual legislatura.
LEYES VICARIA, ÁCIDA Y MONZÓN, LAS PRIMERAS EN AVANZAR EN PUEBLA
Una de las primeras iniciativas que logró el apoyo unánime de los diputados locales fue la denominada asa Ley Vicaria, una seria de reformas que le dan definición a la violencia ejercida en contra de las madres a través de los hijos por parte del padre.
La propuesta presentada por las diputadas Aurora Sierra Rodríguez y Mónica Silva Ruiz estipuló la definición de esta modalidad de violencia hacia las mujeres como “una violencia que se ejerce por parte de quienes sean o hayan sido cónyuges o concubinos de las mujeres o por de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de hecho o similares de afectividad, aun sin convivencia, en donde estos utilizan a los hijos e hijas, a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad o en situación de dependencia o a mascotas, como instrumento para dañar a la mujer”.
Este tipo de violencia se estableció que se castigue dentro del Código Penal del Estado como una agravante del delito de violencia familiar, que actualmente es penado con cárcel de 2 a 8 años de prisión, y que en caso de acreditarse esta modalidad de violencia se elevará en una tercera parte, por lo que la sanción sería de hasta 10 años y 8 meses de prisión.
Otro conjunto de reformas que lograron el respaldo de los legisladores en marzo de este año fue la de violencia ácida, la cual castiga como tentativa de feminicidio los ataques con sustancias corrosivas o químicas en contra de las mujeres, y que se castiga hasta con 40 años de cárcel.
La propuesta fue arropada por diputados del PAN, PRI, Morena y Partido del Trabajo, además de las colectivas y activistas que apoyan a mujeres que han sufrido de estos ataques, pues en Puebla se tiene registro de al menos ocho víctimas de este tipo de violencia, colocando al estado como uno de los primeros lugares en esta materia, de acuerdo con la fundación Carmen Sánchez.
En el mismo día que se aprobó dicha reforma se avaló el dictamen para la creación de la Ley Monzón, la cual suspende y quita la patria potestad o guardia custodia sobre los hijos a los padres que sean vinculados a proceso o sentenciados por el delito de feminicidio de la madre.
Esta propuesta surgió a raíz del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, ejecutada por dos sujetos bajo las órdenes del político Javier López Zavala —vinculado a proceso— con quien mantenía un juicio civil por el pago de la manutención de su hijo de 3 años de edad.
LOS PENDIENTES
A pesar de los avances en distintas reformas para la protección de las mujeres, los diputados locales aún tienen pendientes diversas propuestas en el ámbito familiar y para evitar la revictimización de las mujeres en redes sociales.
Es una de las reformas que ya se está trabajando es la creación de un registro estatal de deudores alimentarios, el cual será público y contendrá la información de quienes no están cumpliendo con el pago de la pensión alimentaria, por cuánto tiempo lo han evitado, y la sentencia del juez que lo obliga a dar dicho pago.
La creación de este registro ya fue propuesta por diputados de Morena, PT, y PAN, y con ellas buscan que quienes sean deudores alimentarios no puedan ser candidatos a cargos de elección popular, jueces o magistrados del Poder Judicial del Estado; quienes tengan una orden de un juez para realizar este pago sean investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera para conocer el número de propiedades con las que cuentan y no dan sus responsabilidades, e incluso, retener su pasaporte para no poder salir del país.
Además, se pretende que este registro, ya sea que lo opere el Registro Civil y el Sistema Estatal DIF, expida certificados de no deudores para poder tramitar licencias de conducir o poder solicitar un acta de matrimonio.
También se pretende lograr una reforma a la Constitución Política del Estado para establecer que quienes sean deudores alimentarios, o quienes estén sancionados por ejercer violencia política de género o familiar no puedan ejercer cargos de elección popular o de servidores públicos, conocida como Ley 3 de 3.
Otra de las reformas que espera su discusión en comisiones es la denominada Ley Ingrid, promovida por la perista Nora Merino Escamilla tras el feminicidio en Ciudad de México de la poblana Ingrid Escamilla, cuyas fotos que formaban parte de la investigación fueron filtradas en medios de comunicación, y difundidas por redes sociales.
La iniciativa busca castigar hasta con 12 años de cárcel la difusión de contenido que forme parte de una investigación de feminicidio, ya sea a quienes la difundieron o a los encargados de la indagatoria.
En ese sentido, la panista Aurora Sierra presentó una reforma para sancionar la difusión de información, videos, fotos, audios o contenido que revictimice a una mujer en una investigación.
Cuando se compruebe el daño o perjuicio en contra de la mujer por la difusión de dicha información el juez podrá ordenar la eliminación inmediata del contenido publicado en redes sociales.
Asimismo, la también diputada del PAN Nancy Jiménez Morales propuso que los jueces pueden expedir de forma inmediata órdenes de protección en los casos donde mujeres sean víctimas de cualquier tipo de violencia, destacando los casos de violencia familiar.
