Durante el ejercicio fiscal 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Puebla (TSJ) habría incurrido en un presunto daño patrimonial a la Hacienda Pública del Poder Judicial del Estado por 938 millones 872 mil 428 pesos.
Según el informe de la cuenta pública realizado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), en el que inició seis pleitos de observaciones en recursos ejecutados no solventados y dos solicitudes de aclaración del ejercicio de recursos por el TSJ el 2021, se requirió la presentación de facturas.
Los elementos de revisión de los pliegos de observaciones por presuntos daños patrimoniales son los de “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones”; “Productos”; “Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación”; y “Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente”, asentados entre los ingresos y egresos ejercidos en 2021.
La mayor irregularidad se detectó en el Capítulo 1000, referente a las remuneraciones de personal al servicio de los entes públicos —salarios, sueldos, dietas, honorarios o prestaciones—, donde el tribunal omitió la presentación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que avalan la retención de dichas remuneraciones por un monto de 688 millones 054 mil 298 pesos.
La Auditoría concluyó que en este elemento de revisión no se proporcionó el soporte documental que demuestre la integración del “Capítulo 1000 Servicios Personales”, por lo que tampoco fue posible conocer las bases para la determinación de la Retención del Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios.
El Poder Judicial solo incorporó una carpeta electrónica denominada “ANEXO | SERVICIOS PERSONALES”, en la que se incorporaron diversos papeles de trabajo con diversas cantidades y montos devengados, sin embargo, no se presentaron las partes exentas y gravadas por cada trabajador, lo que imposibilitó el cálculo correcto del recurso.
La ASE también observó 40 millones 428 mil 326 pesos por la diferencia de los recursos asignados y ejecutados por el tribunal para gastos referentes a obra pública, servicio integral de digitalización e indexación de expedientes del archivo judicial y al pago de seguros de 24 vehículos propiedad del Poder Judicial del Estado de Puebla y 34 vehículos a nombre del Gobierno del Estado.
En este apartado solo se solventaron 10 millones 138 mil 650 pesos ejercidos, cifra que resulta del pago de servicio de telefonía y servicio de energía eléctrica, dejando sin comprobar 30 millones 289 mil 675 pesos.
También fueron observados 109 millones 417 mil 127 pesos, derivados de que para el ejercicio fiscal 2021, la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno del estado asignó al Tribunal Superior de Justicia mil millones 197 mil 633 pesos para la dirección general de la Comisión Administrativa y Presupuesto del Consejo de la Judicatura, no obstante, al momento de la revisión hecha por la auditoría el TSJ solo acreditó el ejercicio de 884 millones 572 mil 702 pesos.
El Tribunal Superior de Justicia también tuvo observaciones por 20 mil 928 pesos, derivado de que se detectaron faltantes de retención del pago de facturas por diversos servicios a 13 proveedores en sus facturas por parte del órgano judicial.
Asimismo, se hicieron observaciones por 66 millones 440 mil 954 pesos, debido a que el TSJ no entregó la documentación relacionada con 89 expedientes de adjudicación relativos a los contratos.
El tribunal no proporcionó la totalidad de la documentación de los entregables, ya que en los contratos no se especificaron las condiciones de entrega, por lo tanto, no fue posible conocer cómo es que se llevaron a cabo las operaciones.
Una vez que la auditoría notifique formalmente al Tribunal Superior de Justicia los resultados del informe individual de la cuenta pública 2021, este organismo tendrá un plazo de 30 días para entregar la documentación necesaria para solventar cada una de las observaciones.
