En Puebla, alrededor de 800 mil mujeres se han tenido que convertir en “madres autónomas” a consecuencia de las paternidades ausentes y enfrentan la falta de reconocimiento de la paternidad y el incumplimiento de sus obligaciones de pensión alimenticia.
Así lo reveló la activista Diana Luz Vázquez Ruiz, impulsora a nivel nacional de la denominada “Ley Sabina”, la cual busca que se genere un Registro de Deudores Alimenticios público y múltiples restricciones a los padres deudores.
En el Congreso local, diputadas de Morena presentaron durante la sesión ordinaria del Pleno de este día la iniciativa para que se integre en el Código Civil del Estado dicha disposición.
La activista, acompañada de madres víctimas de padres que decidieron abandonar a sus hijos o no reconocerlos, colocaron el primer tendedero de ‘Deudores Alimentarios’ en la plancha del Zócalo, a fin de exhibir a todos aquellos hombres que no cumplen con la manutención de sus hijos, e incluso llegan a desconocerlos al abandonar a las mujeres embarazadas.
“Son delincuentes, y en Puebla tenemos un alto índice de deudores alimentarios, vamos a romper el pacto patriarcal, vamos a señalarlos, que ningún funcionario ocupe un cargo público si es deudor alimentario hasta que pague y por supuesto hacer que las madres pierdan el miedo, que este tendedero sea el primero de muchos en Puebla”, dijo Vázquez Ruiz.
La activista en contra de los deudores alimentarios enfatizó que la entidad poblana es la segunda a nivel nacional con el mayor número de “madres autónomas”, al calcular que existen al menos 800 mil “jefas de familia”, lo que representa una paternidad ausente.
Enfatizó que estos datos son contrastables con el padrón de apoyos que entrega el gobierno federal para “jefas madre de familia” que no cuentan con el sustento económico de los padres de familia, y que asciende a 35 millones de mujeres en todo el país.
Vázquez Ruiz sostuvo que la ‘Ley Sabina’ busca reformar el Código Civil y Penal, para la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios tras lo que le sucedió a ella con el padre de su hija, Martín Rosado Chávez, abogado y militante del PRI que se ha negado a reconocer a su hija y pagar la pensión alimentaria, hasta que fue exhibido.
En ese sentido, enfatizó que además de la conformación de este registro se requiere reformar el actuar el actuar del Poder Judicial para impedir que los ministros, magistrados y jueces puedan resolver sobre estos casos, pues en muchos casos ellos son los que revictimizan a las mujeres.
Indicó que en México los casos de pensión alimenticia no avanzan debido a que las mujeres deben demostrar que no cuentan con un sustento económico, por lo que muchas dejan de trabajar y al verse sin fondos para seguir el proceso, éste se queda parado por años, además de que en varias ocasiones son encubiertos los deudores por los mismos jueces.
Apuntó que para que la Ley Sabina avance y se garantice la protección de las infancias se requiere que en dicha reforma los deudores ingresen al buró de crédito, no se les permita contraer matrimonio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sea notificada sobre la inscripción de cualquier persona para investigar la procedencia de sus recursos y si puede pagar pensión, crear un laboratorio genético para el reconocimiento de la paternidad y la conformación del Registro de deudores alimentarios por entidad federativa, mismo que deba ser actualizado cada 30 días.
En el Congreso local, los morenistas Angélica Cervantes González, Daniela Mier Bañuelos, José Iván Herrera Villagómez, Carlos Evangelista Aniceto y Yolanda Gámez Mendoza propusieron reformas a los códigos Civil y Penal del Estado para sancionar la falta del pago de pensión alimenticia y crear el registro de deudores alimentarios.
Entre otras modificaciones se plantea sancionar de 6 meses a 3 años de prisión y la privación de los derechos familiares a quien abandone a una mujer o persona con capacidad de gestar con la que ha tenido relaciones sexuales y como resultado se ha producido un embarazo, y si ésta carece de los recursos necesarios para atender a su alimentación, habitación y salud se incrementará hasta en un tercio las sanciones.
Los derechos que quedarán cancelados o suspendidos son los de adopción, compensación por la administración de los bienes entre concubinos, convivencia, guarda y custodia de los hijos, derecho a heredar en sucesión legítima, representación de los menores de edad, exigir judicialmente la constitución del patrimonio familiar, filiación y los derechos pecuniarios que se deducen de ella, habitar el domicilio familiar, la patria potestad y tutela, y el usufructo de los bienes que constituyen el patrimonio de familia.
Asimismo, si el adeudo excede de treinta días, el Juez ordenará al Registro Civil el ingreso de los datos del sentenciado en el Registro Público de Deudores Alimentarios Morosos.
