La Secretaría de Administración municipal, a cargo de Bernardo Arrubarrena García, asignó un contrato por 40.4 millones de pesos para la adquisición de uniformes para elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), lo que equivale a un gasto de 27 mil pesos por cada conjunto de prendas.
A decir del coordinador de Morena en el Cabildo de Puebla, Leobardo Rodríguez Juárez, a esto se suma el incremento de 154 por ciento en el presupuesto para la adquisición de vehículos y la contratación de una empresa constructora que evadió cumplir las medidas de protección de sus trabajadores, lo que le costó la vida a un hombre que sufrió un accidente durante una obra que se llevaba a cabo en la junta auxiliar de La Resurrección.
Estas y otras anomalías fueron denunciadas por la fracción de regidores de Morena en la presentación de Estados Financieros de Origen y Aplicación de Recursos del Ayuntamiento de Puebla de enero, donde además se hizo hincapié en que no hay certeza sobre cómo se distribuirá el recurso municipal, toda vez que el presupuesto de egresos fue aprobado por un monto de 6 mil 061.5 millones de pesos y fue modificado a 7 mil 711 millones de pesos; es decir, aumentó 27.2 por ciento.
Rodríguez Juárez dijo que una de las observaciones más preocupantes fue el incremento de 43.3 millones de pesos al capítulo 1000, correspondiente a las remuneraciones del personal de servicio municipal, situación que violó el artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera, que refiere que la asignación de servicios personales no puede incrementarse durante el ejercicio fiscal.
Otro punto que evaluó fue el incremento de 331 por ciento en las ayudas sociales originalmente presupuestadas, toda vez que se habían autorizado 67 millones de pesos y ahora son 290 millones de pesos para este rubro.
Recordó además que, en el presupuesto original, el Cabildo avaló 17.6 millones de pesos para la compra de vehículos y equipos de transporte y, al corte del 31 de enero, el presupuesto modificado fue por 27.2 millones de pesos, lo que refleja un incremento del 154 por ciento, cuando en la misma comisión de Patrimonio y Hacienda municipal habían asegurado que no habría aumentos.
Rodríguez Juárez destacó que, entre un monto de 570 millones de pesos que no se ejercieron en 2022 y 537 millones que se presupuestaron este año, existen recursos por mil 107 millones de pesos pendientes de pago en temas de infraestructura.
“Observamos que hubo muchas modificaciones al plan de obra que se autorizó, se cancelaron obras en juntas auxiliares que se había previsto, a los presidentes auxiliares se les pidió una lista de tres o cuatro obras prioritarias, se pusieron en el plan de obra, se cancelaron y le están pidiendo a los presidentes auxiliares que les vuelvan a mandar las mismas obras”, apuntó.
El morenista reveló además que con la entrega próximamente de 59.8 millones de pesos de recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y 147.9 millones de pesos que recibirán del Fondo para el Fortalecimiento de los municipios, aunado a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) y los parquímetros, la Comuna tendrá recursos suficientes para que el edil Eduardo Rivera no utilice como pretexto la asignación de pocos recursos.
Sobre las observaciones, el secretario de Administración, Bernardo Arrubarrena, justificó que el costo excesivo de 40.4 millones de pesos para uniformes es porque supuestamente, la adquisición consistió en la entrega de equipo de entrenamiento táctico, chamarras, insignias, fundas de chaleco y uniformes para personal administrativo, aunque no precisó cada uno de los montos.
En tanto, Edgar Vélez Tirado, secretario de Movilidad e Infraestructura, reconoció que las obras que se suspendieron en juntas auxiliares, fueron por ajustes de último momento al no contar con suficiencia presupuestal, mientras que los retrasos en el pago de obras se deben a que la Contraloría municipal ha revisado el proceso administrativo de cada entrega, lo que ha retardado las entregas.
En tanto que en La Resurrección, aseguró que hubo un problema en la colocación de una obra de drenaje, por lo que dejó la responsabilidad a la Contraloría municipal para que investigue posibles actos de negligencia, toda vez que la empresa contratada cumplía con los requisitos para operar.
Incluso, reconoció que pese al deceso de un hombre en la obra de la junta auxiliar, la empresa sigue trabajando de manera normal y únicamente se dejó liberado el espacio donde ocurrió el accidente, para que la Fiscalía General del Estado desarrolle las diligencias correspondientes.
