En el mundo moderno los sistemas jurídicos contemporáneos han desarrollado diversas disposiciones que son rectoras para las diferentes sociedades: Carta Magna, Constitución Política o estatutos son una fuente del derecho desde las que se acuerdan reglas de convivencia, de propiedad, de desarrollo personal y de traslado de poder, si es que los documentos se redactan para un contexto democrático.
El caso mexicano tiene como antecedentes la tradición romana y después adoptó la francesa y los principios del federalismo estadounidense. Durante la Guerra de Reforma, la Intervención Francesa y la República Restaurada, Benito Juárez combatió no solo a los conservadores, sino a los liberales radicales que desde la cámara de diputados —la constitución de 1857 no contemplaba el senado— hacían muy difícil la gobernabilidad del Estado.
En ese contexto y para gobernar con una constitución que para Ignacio Comonfort volvía imposible gobernar, Juárez emprendió diversas políticas para de facto resolver lo que IURE impedía el texto legal. Así comenzaron los poderes metaconstitucionales.
En la época del Porfiriato, ya con un sistema bicameral — en 1874, Sebastián Lerdo de Tejada logró el restablecimiento del senado— el poder real recayó en el presidente y otros elementos de facto como los caciques y hacendados en las regiones del país. Este entramado superó el entendimiento de Francisco I. Madero que pretendía gobernar de manera legalista y con una profunda vocación democrática, lo que fue aprovechado por la reacción revolucionaria para derrocarlo y asesinarlo.
La constitución de 1917, reforma de la de 1857, innovó en materia de derechos sociales, más no en hacer gobernable el país con el texto constitucional, por ello fue hasta que Plutarco Elías Calles con arreglos supranacionales instauró un acuerdo político en el que concentraba por encima de la voluntad del presidente en turno, el poder real del Estado, el “Maximato”.
El acuerdo político prevaleció, las facultades metaconstitucionales también, Daniel Cosió Villegas caracterizó al régimen mexicano como “Monarquía absoluta sexenal”, lo que después Enrique Krauze llamaría “La presidencia imperial”. Lo pactado siempre por encima de la ley, convirtió la simulación en un antivalor rector de la política mexicana, el vicio se cristalizó en el día a día con moches y corrupción.
Sin embargo, el acuerdo no es sinónimo de perversidad. La política se da en y fuera de la constitucionalidad, hay acuerdos explícitos como los que se hacen para respetar los resultados de un método de selección partidista, y otros sellados en la secrecía o en la discreción de comedores, oficinas o restaurantes, en donde no hay otra garantía de cumplimiento, salvo la honra, la decencia y la respetabilidad de quienes comprometen la palabra. La capacidad de hacer (o no hacer), dar o recibir es lo que consolida a los acuerdos políticos, no es sencillo, se requiere madurez y oficio. Pacta sunt servanda, “los acuerdos o pactos deben cumplirse” o bien “Lo que acordaron las partes debe cumplirse entre ellas como si fuera una ley”.
Ángel custodio
Tras la muerte del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta muchos pactos continúan vigentes, hay algunos que tendrán que reformarse y por supuesto, nuevos acuerdos que surgirán a lo largo del año. Los negociadores y articuladores de las mesas donde se suscriben estos pactos decidirán si cumplir, mentir o traicionar sus contrapartes, la conflictividad electoral o la transición ordenada del poder en 2024 depende de ello. Mientras tanto continuemos especulando.
