En los últimos cuatro años estuvieron escondidos, agazapados, arrinconados, sabedores de que sus chantajes y presiones no surtían efecto. Habían sido inoculados y desactivados. Gobiernos iban y venían, ellos seguían y nadie se atrevía a ponerles un alto a sus prácticas ilegales y monopólicas. Hasta que la 4T asumió el poder. Sólo bastó con integrar expedientes judiciales para que salieran corriendo como cucarachas. Desgraciadamente, hoy están de regreso. Creen que pueden alzar la voz para doblar a la autoridad y salirse con la suya. Pero se les olvida que pase lo que pase siguen siendo el enemigo público número uno del estado. Son las mafias del transporte público y son los principales responsables de que tengamos un modelo digno de Haití. No se podía esperar más: están acostumbrados a lucrar con la pobreza y las paupérrimas condiciones de vida que eso ofrece. Por eso no es extraño que hampones como Antorcha Campesina —ahora comandados por los hijos de los antiguos dirigentes que durante décadas se alimentaron de la ubre del gobierno— amaguen con bloquear vialidades. Erróneamente creen que una vez muerto Miguel Barbosa Huerta —a quien le tenían pavor—, tienen oportunidad de regresar por sus antiguos privilegios siempre al margen de la ley o —como decíamos— basados en la infame explotación de la pobreza. La jugada que proponen es sencilla y, por lo tanto, torpe: quieren condicionar a la autoridad estatal a que les dé un plazo más amplio para que cumplan con el programa obligatorio de verificación vehicular. Tanto amago a manos de Ovidio Celis Córdova —el hijo de los caciques locales Juan Celis Aguirre y Soraya Córdova Morán— no son gratuitos. Su objetivo primario es —usando su propio léxico— “calar” al gobierno encabezado por Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Quieren saber hasta dónde es capaz de llegar y de aplicar la ley. Pero es sólo el primer paso de una robusta estrategia que busca —otra vez usando su léxico— “alborotar el gallinero” transportista. Expertos en desestabilización, los antorchos ahora dirigidos por los antorchitos, pretenden generar condiciones de encono y enfrentamiento. Y al gremio del transporte no le faltan motivos para rebelarse. Por primera vez en su historia, un gobierno estatal les demostró que su supuesto poder para respaldar elecciones no era más que un mito. Lo que la 4T poblana sí encontró fue una mafia a la que se dio a la tarea de desarticular. El exgobernador Barbosa mostró un gesto de buena voluntad al aprobarles la tarifa a inicio del sexenio, pero con la condición de que debían modernizarse. Nunca lo hicieron. Un secretario de Movilidad y Transporte está en la cárcel por eso. La tomadura de pelo enfureció al anterior inquilino de Casa Aguayo, quien de plano les mandó a decir que si su actividad no era redituable, entonces se dedicaran a otro negocio. Con el cumplimiento de esos dos objetivos, los antorchos pretende escalar el conflicto y la bandera será el nuevo aumento a la tarifa del servicio. Pretende “pegar” antorchos dixit— el conflicto con los tiempos electorales y negociar una salida: “bajarle” para que el proceso electoral no se enrarezca. A cambio de ceder, lo único que piden es el regreso de sus privilegios. Los que sean son buenos. Pero, en toda esta estrategia hay un tema que no han medido en su justa dimensión: En la Fiscalía General del Estado de Puebla y el Fiscalía General de la República yacen nutridas carpetas de investigación en contra del cártel Antorchista, con todos sus movimientos financieros —producto de una exhaustiva revisión de la Unidad de Inteligencia Financiera— y delitos cometidos. Ahí están, listos para activarse en cualquier momento.
viernes, noviembre 22, 2024
