Por incurrir en faltas y responsabilidades administrativas, la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Cholula amonestó públicamente, inhabilitó y destituyó temporalmente a Beatriz Pérez Fregoso como regidora del Cabildo sampetrino.
Tras investigar y resolver una denuncia presentada en contra de la regidora, la subcontrató Roa resolvió que, además de las sanciones antes implementadas, se le dé vista al Ministerio Público Federal para que abra una carpeta de investigación por el supuesto delito de alteración de documentos.
La resolución de la subcontraloría municipal se presentó luego de que la Secretaría General del Comité Ejecutivo del Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula “Luis Cabrera” presentara una denuncia en contra de Beatriz Pérez por ostentar dos cargos.
El sindicato a cargo de Maribel Jiménez Hernández acusó a Beatriz Pérez por ocupar dos cargos en el Ayuntamiento de San Pedro Cholula; y reconoció que la administración municipal no tuvo nada que ver con la reciente suspensión de su puesto como regidora.
No obstante, aunque no tenía inferencia en la suspensión del cargo, Beatriz Pérez acusó a la alcaldesa Paola Angon por presunta violencia política de género e interrumpió una sesión de Cabildo.
En su resolución, la subcontraloría municipal aclaró que estas sanciones son independientes de los procesos establecidos en la Constitución Federal, los artículos 55, 56 y 59 de la Ley Orgánica Municipal, y de los que pueda llevar a cabo el Congreso del Estado para efecto de suspender o revocar el mandato de los miembros de un Ayuntamiento.
En ese sentido, la resolución determina imponer una amonestación pública por la falta administrativa consistente en la omisión de declarar conforme a las normas aplicables, la declaración de conflicto de intereses.
A la sanción se le sumó la destitución del cargo de regidora del Cabildo de San Pedro Cholula y de trabajadora de base sindicalizada en su carácter de ayudante administrativo, que incurrió en la omisión de separarse del puesto de trabajo de base sindicalizada a la cual fue reinstalada en fecha 19 de julio de 2019, conforme lo ordenado en el expediente laboral número D-42/2015 radicado en el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla.
También se determinó la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un término de once meses, por la conducta de ocupar dos cargos públicos dentro de la administración pública municipal del Ayuntamiento. Estas sanciones se deberán imponer de forma inmediata por el Órgano Interno de Control.
También se le dio vista al Congreso del Estado para que inicie con el procedimiento de revocación del mandato de la regidora, al igual que al Ministerio Público debido a que presentó una copia simple de un documento público, consistente en una supuesta declaración de fecha 14 de diciembre de 2018, el cual no coincide con el contenido de los originales que obran en los archivos municipales y en los portales de transparencia, y con el cual, pretendió demostrar en el procedimiento que sí había presentado su declaración de conflicto de intereses.
La información que aparece en el documento presentado tampoco es congruente con las modificaciones a las declaraciones originales presentadas por la responsable de fechas 18 de mayo de 2021 y 14 de junio de 2022, en las que tampoco obra su declaración de conflicto de intereses.
Tras conocerse la resolución de la subcontraloría municipal, Beatriz Pérez se victimizó en redes sociales al señalar que el gobierno de San Pedro Cholula busca deshacerse de una regidora “incómoda” a la administración.
“Lo anterior confirma el interés político y personal de la presidenta Paola Angón para deshacerse de una regidora incómoda solo por alzar la voz y señalar inconsistencias en el manejo de los recursos públicos”, publicó en su cuenta de Facebook.
Aseveró que dicha resolución fue un acto ilegal por parte del gobierno municipal, por lo que seguirá en su lucha en contra de la alcaldesa panista.
“Este es un acto a todas luces ilegal, visceral y desproporcionado, por lo que mis abogados actuarán en consecuencia para hacer valer mis derechos político-electorales cómo lo establece la ley”, dijo.
