La reforma para regular los anexos en el estado de Puebla evitará que se cometan asesinatos al interior de estos centros de rehabilitación, pues los encargados de dichos espacios tienen una visión deformada de la sociedad y gozan de cometer abusos contra los internos.
Así lo consideró el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien detalló que envió al Legislativo propuestas de reformas al Código Penal, la Ley Estatal de Salud y la Ley Estatal de Salud Mental para evitar estas prácticas.
“Es un asunto complejo. Muchos dueños de esos lugares con su visión de sociedad deformada y de su personalidad, porque disfrutan sobre los asuntos de control, autoritarismo, sumisión, humillación y hasta tortura, no, eso se va a modificar de fondo, esta reforma va a ser muy importante”, sostuvo el mandatario.
Aunque manifestó que estos centros de atención mental y física deben existir, recalcó que será necesaria su regulación, pues no son supervisados y en muchos casos operan sin contar con autorización.
Expresó que las personas en rehabilitación sufren una serie de vejaciones y algunos fallecen por golpes que les son propinados durante su estancia.
De acuerdo con ContraRéplica, desde 2019 hasta julio de 2022 suman un total de 22 homicidios de personas en anexos de la entidad poblana, según las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Entre los casos más recientes se encuentra el de un hombre que falleció en un centro de rehabilitación de adicciones conocido como “Camino a la Libertad”, ubicado en la colonia Granjas del Sur en octubre de este año.
Es por ello que desde este martes, en comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Salud, legisladores poblanos avalaron por mayoría de votos el dictamen de reforma para la regulación de anexos en Puebla.
Se trata de una modificación al artículo 258 bis del Código Penal en el que se establece que se impondrán multas de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), es decir, 4 mil 811 pesos a 19 mil 244 pesos, así como de uno a cuatro años de prisión a quien preste el servicio de atención a la salud mental y adicciones sin cumplir con la normatividad ni contar con licencias para operar.
La diputada Aurora Sierra expresó que en muchos casos las personas que son ingresadas a rehabilitación son olvidadas por su propia familia, de ahí la importancia para regular en la materia.
