En la tercera detención en menos de un mes de un expresidente municipal, Antonio Vázquez Hernández, quien fungió como alcalde de Teziutlán durante el periodo 2014-2018, permanecerá tras las rejas al igual que el exedil de Tecamachalco, Inés Saturnino y el de Ciudad Serdán, Juan Navarro, acusados por distintos delitos.
Esta nueva aprehensión sucede con solo dos días de diferencia desde la detención de Hugo Marín Torres, exdirector del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Teziutlán (Sosapatz), quien, a las 8:40 horas de este 17 de noviembre, fue aprehendido en un inmueble de la colonia Centro de dicho municipio, por presuntamente estar asociado a una red de narcomenudeo.
Trascendió que la detención de Antonio Vázquez fue cumplimentada por la Fiscalía General del Estado (FGE) y que enfrentaría los delitos de uso indebido de funciones públicas, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito, aunque hasta el cierre de esta edición no fueron proporcionados detalles del motivo de su captura ni hay datos en el Registro Nacional de Detenciones.
Sin embargo, el exalcalde tiene un turbio historial. Desde 2019, su sucesor, Carlos Peredo Grau, interpuso una denuncia en su contra y cuatro burócratas más de su administración por actos de corrupción.
Se trató de la extesorera, Alejandra Gallegos Díaz; la excontralora municipal, Leticia Viveros Hernández, así como René Salazar García e Ivonne del Carmen Campos Camacho, exdirector general y exsubdirectora administrativa del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán (Sosapatz), respectivamente, acusados de los delitos de peculado, desvío de recursos públicos y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Fueron dos querellas presentadas por el edil, que en total suman un daño patrimonial por 10 millones de pesos.
La primera de estas fue presentada por la venta ilegal de 13 vehículos, sin que existiera de por medio una justificación o dictamen técnico que avalara su desincorporación de la flotilla municipal, lo que le costó en cascada al municipio un daño patrimonial de 3 millones 618 mil pesos.
Los 13 vehículos que fueron vendidos ilegalmente eran cuatro camionetas NP 300 Nissan 2014, una camioneta Fiat Strada 2014, una camioneta Jeep Patriot 2013, un auto Peugeot 2011, una camioneta Chevrolet Equinox 2018, una camioneta Ford Ranger 2015, una camioneta RAM 4000, una camioneta NP 300 Nissan 2016, una camioneta Ford F–450 Super Duty, así como una Chevrolet Trax 2015.
La versión del Ayuntamiento de Teziutlán fue que los vehículos fueron vendidos a supuestos prestanombres del expresidente municipal Antonio Vázquez y a exfuncionarios de su gestión.
En tanto, una segunda denuncia quedó asentada por un daño patrimonial de 7 millones 300 mil pesos, luego de que se destinó este recurso en obras de pavimentación que nunca se llevaron a cabo.
A esto hay que agregarle que en 2017 se detectó el posible desvío de 17 millones 982 mil pesos para el proyecto “Construcción de Unidad Deportiva para el municipio de Teziutlán”, en favor de la empresa Construcciones y Diseños Lara SA de CV. Este recurso fue gestionado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta cuando fue senador, pero el presidente municipal hizo mal uso del presupuesto.
Entre las anomalías se detectó que el procedimiento de ejecución se hizo mediante una licitación pública, sin embargo, esta nunca fue publicada en el Diario Oficial y en medios de difusión local.
También se verificó la ausencia de firmas de los participantes en la licitación y se presumió un posible conflicto de intereses, toda vez que el director de fondos federales era también presidente del comité de beneficiarios de la obra y supervisor de la misma.
Otra de las versiones apunta que Antonio Vázquez era un colaborador cercano al exgobernador Rafael Moreno Valle, con quien habría fungido como prestanombres para actividades ilícitas.
La detención de Antonio Vázquez se suma a la de Inés Saturnino en Tecamachalco y Juan Navarro en Ciudad Serdán. El primero procesado por desobediencia, resistencia de particulares y amenazas, y el segundo por un daño patrimonial por 22.7 millones de pesos.
