A diferencia de otros procesos transformadores, el que inició en 2018 no ha roto con el orden institucional y menos aún implicado violencia; en ese sentido, es que las reformas constitucionales, legales y normativas deben transitar ordenadamente en una deliberación social para alcanzar, si no consenso, cuando menos una mayoría democrática para que el proyecto de país se pueda consolidar en nuestra República.
En 2018, (LXIV legislatura) Morena alcanzó la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados; es decir, pudo haber impulsado las grandes reformas constitucionales. Sin embargo, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció desde 2017, que sus grandes reformas serían en la segunda mitad de su administración.
Para unos un error, para otros un exceso de confianza, pero la intención de esa decisión era esperar el proceso revocatorio para saber si la ciudadanía estaría conforme con lo impulsado hasta ese momento.
Lo cierto es que en las elecciones intermedias (2021) hubo una reconfiguración de fuerzas en la Cámara de Diputados, en la que, si bien Morena sigue siendo el partido mayoritario, no obtuvo la mayoría absoluta. El proceso revocatorio fue favorable para el pesidente y a partir de ahí, inició la segunda mitad de su mandato.
El momento de las discusiones constitucionales más ambiciosas llegó y a inicios de 2022, el presidente anunció sus tres grandes reformas constitucionales para el año: la Reforma Eléctrica, la Reforma de la Guardia Nacional y la Reforma Electoral. La primera no se logró, aunque con la mayoría suficiente se lograron modificaciones legales para garantizar la exclusividad del Estado para explotar el litio (Plan B). La segunda sí, a pesar de las resistencias de los opositores y los falsos llamados de militarización.
Finalmente, la Reforma Electoral se encuentra en vísperas de su discusión y tiene que superar tres adversidades. Por un lado las resistencias mediáticas en las que los opositores han llenado de superficialidades y verdades parciales la discusión, así como la construcción de un dirigente anónimo –un tal Elineno– entorno al que se han movilizado a nivel nacional; y por otro, la construcción de los acuerdos necesarios para obtener los votos que permitan alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y tercero, el mensaje de reconciliación del senador Ricardo Monreal, que lo acerca con los posicionamientos de la oposición y pueden imposibilitar el avance de esta reforma; incluso ha anunciado “que estudiará minuciosamente la iniciativa de ley con la que se discutirá la reforma electoral”.
Esas adversidades, empero, no serán suficientes para que no salga avante la reforma del presidente, ya que ha anunciado un plan b de reforma electoral en el que se concreten los cambios necesarios para que haya un sistema electoral menos oneroso, más eficiente y menos burocrático.
Para enfrentar estas adversidades, el presidente convocó a una movilización masiva el 27 de noviembre en la Ciudad de México y de esa forma ganar, simbólicamente, en el espacio público; además, es importante recuperar el debate sustancial y desprejuiciado de la propuesta de ley, así como estar atentos de quienes estén entorpeciendo el debate y la consecución de acuerdos en el Congreso de la Unión.
ÁNGEL CUSTODIO:
Una reforma en materia de Seguridad Pública se avecina para Puebla. Muy delicado se pondrá el debate, pues el artículo 115 constitucional contempla como parte de la autonomía municipal, las estrategias de prevención de delito. Sin embargo, ante el desdén de muchos ayuntamientos, las policías municipales se han debilitado y han sido ocupadas para extorsionar, recaudar impuestos y simular una estrategia de prevención del delito revisando “aleatoriamente” a personas, deteniendo gente “sospechosa (por no decir, pobre)” y espiando colectivos y activistas sociales.
