|Ignacio Juárez y Álvaro Ramírez
La detención de Inés Saturnino López Ponce, por impedir la detención de Antonio Martínez Fuentes, El Toñín, en mayo de 2021, confirmó la vinculación que el partido político local Pacto Social de Integración (PSI) tiene con el crimen organizado, al grado de ser considerado como el brazo político del huachicol en la zona del Triángulo Rojo.
En su muy corta vida, PSI participó en tres elecciones locales y postuló a cinco candidatos con denuncias por presuntos vínculos con la venta y trasiego de hidrocarburo robado en la región que comprende a los municipios de Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Tecamachalco, Tepeaca, Acajete.
De los cinco abanderados postulados, tres han sido detenidos: Pablo Morales Ugalde, alcalde de Palmar de Bravo; José Alejandro Martínez Fuentes, hermano de El Toñín y edil de Quecholac; e Inés Saturnino, exedil y abanderado a la alcaldía de Tecamachalco en 2021.
Todos los candidatos fueron avalados por el dirigente estatal Carlos Navarro Corro, sobre quien pesan señalamientos de utilizar al instituto político como partido bisagra al servicio del mejor postor. Lo fue con el priista Javier López Zavala —hoy detenido por el feminicidio de Cecilia Monzón— y con Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso.
De hecho, Carlos Navarro fue uno de los aliados del morenovallismo para configurar el fraude de 2018 que le arrebató la gubernatura al candidato de Juntos Hacemos Historia, Miguel Barbosa Huerta.
LOS INICIOS
Carlos Navarro tiene su mejor periodo político con el marinismo, sobre todo por su cercanía con Javier López Zavala, considerado como el delfín de Mario Marín Torres. En 2005, por ejemplo, con todo el apoyo de la Secretaría de Gobernación estatal y de las dependencias de gobierno crean el partido local Esperanza Ciudadana, al que se integran militantes de diferentes institutos partidistas como el PRD, Verde Ecologista, PRI, PAN y del entonces denominado Convergencia por la Democracia (hoy Movimiento Ciudadano).
La aventura política fue desastrosa y llevó al Instituto Electoral del Estado a declarar la desaparición de Esperanza Ciudadana en 2007.
Pese al descalabro, Carlos Navarro continuó como operador del zavalismo, pero su suerte tampoco fue buena al convertirse en uno de los damnificados por el triunfo de la coalición Compromiso por Puebla que terminó con 80 años de priismo en Puebla.
Lo que vino fue un parteaguas. Aunque Javier López Zavala y Carlos Navarro negaron estar aliados, de un día para otro surgió el nuevo partido Pacto Social de Integración, al que inicialmente el IEE negó su registro, pero el Tribunal Electoral del Estado revocó esa decisión. Con el registro en mano, el segundo anunció su adhesión a Puebla Unida, la alianza morenovallista conformada por el PAN-PRD-Compromiso por Puebla-Nueva Alianza.
Después se supo que el fallido candidato del PRI a la gubernatura mantenía un acuerdo político de apoyo mutuo con el morenovallismo. Bajo ese pacto, Zavala mantenía su liderazgo entre los presidentes municipales priistas que ganaron en 2009 y colocaría a incondicionales suyos en la elección intermedia de 2013.
El éxito fue rotundo. PSI fue responsable de que la coalición 5 de Mayo (PRI-Verde) perdieran en 22 alcaldías y cuatro diputaciones locales, lo que derivó en el control absoluto del Congreso del estado.
La diferencia entre el PRI y Puebla Unida en los municipios fueron justamente los votos de Encuentro Social que, a su vez, se convirtió en cogobierno con el PAN en 22 presidencias municipales debido a que se unieron bajo la modalidad de candidatura común.
Todo eso sin contar que PSI obtuvo una diputación local por la vía plurinominal, mientras que López Zavala impuso 64 candidaturas en el tricolor y muchos de ellos se alzaron con el triunfo.
EL PACTO CRIMINAL
En 2013, Carlos Navarro avaló la unción de Pablo Morales Ugalde como su candidato a la presidencia municipal de Palmar de Bravo, uno de los sitios con mayor actividad huachicolera. Fue el 6 de julio de 2017 cuando el alcalde fue detenido por la extinta Procuraduría General de la República, acusado por uso de recursos de procedencia ilícita producto del robo de gasolina.
La detención provocó un escándalo debido a los presuntos vínculos de Morales Ugalde con Roberto de los Santos de Jesús, alias El Bukanas, quien compartía el negocio del huachicol con El Toñín, aunque posteriormente se separan y reparten el territorio.
Para 2018, el PSI lanzó como abanderado en Palmar de Bravo a Jacobo Román Sánchez, lo que significó una ruptura con la familia del exalcalde Pablo Morales, que lanzó como su candidato a Ángel Morales, pero no pudo hacer campaña como candidato independiente porque fue secuestrado por un grupo criminal.
Al final, el ganador en ese municipio fue Hilario Vicente Martínez Alcántara, de Morena-PT, pero los comicios confirmaron la ruptura del partido de Carlos Navarro con la familia Morales.
Ese mismo 2018 confirmó la alianza del dirigente estatal de PSI con El Toñín, el antiguo aliado de El Bukanas, al designar a Alejandro Martínez Fuentes como su candidato por el municipio de Quecholac, en donde se encuentra la junta auxiliar de Palmarito Tochapan, principal centro de actividades delictivas de su nuevo aliado.
La designación provocó un escándalo de tipo nacional, pero Carlos Navarro justificó la decisión en una entrevista con El Sol de Puebla: “En ningún momento hemos bajado a ningún candidato porque todos cumple con los requisitos, como partido no somos autoridades, no estamos facultados para hacer investigaciones de carácter legal, en este momento sería muy aventurado decir que vamos a privar de los derechos políticos electorales a determinado ciudadano”.
Martínez Fuentes arrasó en las urnas y, a partir de esa fecha, el poderío de El Toñín creció como espuma, mientras que El Bukanas se desdibujó de la región y prefirió centrar sus actividades en la zona de Veracruz que colinda con Puebla.
Tres años después, en la elección intermedia de 2021, Carlos Navarro amplió su baraja de candidatos con presuntos vínculos con el huachicol, de acuerdo con una publicación de Diario Cambio: En Quecholac impulsó la reelección de Alejandro Martínez; el Palmar de Bravo repitió con Jacobo Román Sánchez; en Amozoc, postuló a la diputación local a Fernando Monterrosas.
El caso más emblemático, de acuerdo con los acontecimientos recién ocurridos, fue la designación de Inés Saturnino López Ponce como candidato a la presidencia municipal de Tecamachalco, mientras que el propio Carlos Navarro se apuntó como abanderado por la diputación local.
Interrogado al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta fijó su postura sobre el vínculo del PSI y el huachicol: “El señor de nombre Toñín es un delincuente y si al rato sale en sus redes y dice y esto y el otro, pues es parte de su estilo de vincularse con la región, pero es alguien que está siendo buscado por la justicia por muchas razones, entonces todo aquel candidato o candidata que se vincule a este señor va a tener que ser investigado”.
En ese momento El Toñín extendía su poderío a Tecamachalco, lo que amplió su influencia regional. Eso se compaginó con una inusual actividad del criminal en diferentes partes de la entidad, incluida la capital poblana, en las que aparecía regalando hortalizas.
Sin embargo, el 27 de septiembre de 2021, antes de que rindiera protesta por segunda ocasión como alcalde de Quecholac, Alejandro Martínez fue detenido por los delitos de obstrucción de la justicia, peculado y abuso de autoridad.
Con todos estos antecedentes, el pasado 8 de noviembre, Inés Saturnino López fue detenido por su presunta participación para impedir la detención de El Toñín, en un operativo montado por la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado.
La captura del exalcalde de Tecamachalco confirmó, ahora sí, lo que todos sospechaban: PSI es el brazo político del huachicol.
