A pesar del fracaso para lograr consensos con los diputados locales de su mismo partido para avalar el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) durante su discusión a finales del año pasado, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, calificó como un logro el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya avalado que el municipio integre este concepto dentro de la Ley de Ingresos del próximo año.
A decir del munícipe, el logro fue tanto del gobernador Miguel Barbosa Huerta, como de los legisladores locales y los presidentes municipales que impulsaron que se cobrara este concepto en las Leyes de Ingresos, aunque dijo, algunos detractores utilizaron el tema como oportunismo político.
“Con la decisión que tomó la SCJN por una controversia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la fórmula aprobada en todas las leyes de ingresos es una ley constitucional; es un derecho y no un impuesto. No es nada nuevo, como lo había dicho y ya se venía aplicando; lo digo por los detractores. Sin excepciones es un triunfo de todos los diputados, presidentes municipales y el gobernador”, manifestó.
Lo que evitó decir es que durante la discusión del DAP el año pasado, el alcalde se olvidó de buscar consensos con los diputados de su mismo partido. De ahí que Morena, PRI, PT y las demás bancadas, decidieron no asumir el costo político de la medida y votar en contra del cobro de este concepto, tanto para la capital poblana como para San Andrés y San Pedro Cholula.
En la discusión de la propuesta en diciembre del año pasado, el voto en contra del DAP fue promovido por diputados disidentes de Morena como Carlos Evangelista, Daniela Mier, Iván Herrera y Angélica Cervantes, quienes previamente habían utilizado el tema para atacar a la administración panista al vender el argumento de que se trataba de un nuevo impuesto, mas no de un concepto.
Aunque los partidos de oposición se habían comprometido a avalar el cobro del concepto, lo que marcó la diferencia fue la resistencia de los propios legisladores del blanquiazul: Guadalupe Leal, Patricia Valencia, Aurora Sierra, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Nancy Jiménez y Rafael Micalco Méndez, fueron algunos de los legisladores que dieron la espalda a Eduardo Rivera para que no se cobrara el DAP en la capital poblana, así como San Andrés y San Pedro Cholula, por diferencias con el edil.
Una vez que el Pleno del Congreso rechazó el DAP, el alcalde Eduardo Rivera Pérez buscó por todos los medios para resarcir el error y que se aprobara el concepto. Para ello recurrió a la presentación de amparos con la Asociación de Alcaldes Capitales, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y acercándose la fecha para presentar la Ley de Ingresos 2023 al Congreso local, dijo que buscaría acercamientos con los legisladores locales para ‘cabildear’ el cobro y que este aplicara para 2023.
Según el munícipe, la aprobación del DAP tendría como beneficios una bolsa de 140 millones de pesos que aplicaría en la ciudad para obra pública y servicios. No obstante, la aprobación de este derecho el pasado martes, no fue por los buenos méritos del gobierno municipal, sino por una controversia constitucional presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH).
El alcalde inclusive reconoció este miércoles que la controversia presentada por el municipio de Puebla sigue sin ser analizada por la Corte y que el archivo se encuentra en lista de espera de ser revisado, lo que tira de tajo el discurso acerca de que la aprobación del DAP fue un triunfo del Ayuntamiento capitalino.
Fue este martes cuando el Pleno de la Corte aprobó con ocho votos a favor y tres en contra la resolución a la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión de Derechos Humanos de Puebla en contra de las 141 leyes de ingresos municipales que adicionaron este cobro, y que el Congreso del Estado avaló en sesión del Pleno en vísperas de las fiestas decembrinas.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf detalló que las leyes de ingresos que fueron impugnadas por la CDH que incluían el cobro del DAP, se encuentran estructuradas conforme a los estándares establecidos por la SCJN en la acción de inconstitucionalidad 10/2021.
Explicó que cada una de las leyes que impugnó la comisión de derechos humanos de Puebla contienen los elementos básicos para que sea considerado un derecho y no un impuesto, como se tenía anteriormente.
