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jueves, noviembre 21, 2024

Propone Aurora Sierra retención de bienes de padres feminicidas

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Para garantizar el pago de pensiones alimenticias de los menores de edad en casos de feminicidios, la diputada Aurora Sierra Rodríguez propondrá al Congreso del estado el embargo de bienes materiales y cuentas bancarias cuando el responsable del asesinato sea padre del menor.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) presentará una serie de reformas al Código Civil, Código Penal y la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado, para garantizar la protección de los menores de edad en los casos de feminicidio.

La iniciativa propone reincorporar el artículo 500 al Código Civil del estado que fue derogado el 6 de diciembre del 2019 por la LX Legislatura, en el que se establece que se podrán asegurar bienes materiales y cuentas bancarias para garantizar el pago de pensión alimenticia en los casos donde la madre haya sido víctima de feminicidio y el padre sea el autor intelectual.

“En los casos de feminicidio en los que el imputado haya sostenido una relación con la víctima y/o haya tenido hijos o dependientes por afinidad o consanguinidad en línea recta ascendiente o descendiente, sin límite de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado, los bienes materiales y cuentas bancarias del agresor serán embargados con el objetivo de asegurar el pago de alimentos al dependiente económico de tal manera que todas sus necesidades sean cubiertas de manera satisfactoria”, establece la reforma.

La legisladora del distrito de Cholula argumentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido jurisprudencias en las que se señala que la retención de un porcentaje o monto del salario del deudor alimenticio como pago de la pensión, no puede considerarse una garantía para asegurar su cumplimiento y, por ende, debe constituirse una legislación para ese objeto.

Sierra Rodríguez agregó que, de enero a mayo de 2022, Puebla se ubicó en el lugar número 14 con más casos a nivel nacional de feminicidios, con nueve, de acuerdo con el reporte de violencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Cuando los cadáveres de mujeres mexicanas asesinadas han sido intervenidos por médicos legistas y han podido identificar el vínculo del homicida con ellas, ha resultado que, en cuatro de cada 10 casos, el asesino era su pareja, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía”, añadió la diputada del PAN.

La iniciativa también busca incorporar el artículo 338 al Código Penal local para establecer que en los casos de feminicidio en los que el imputado haya sostenido una relación con la víctima o haya tenido hijos, se realizarán las sanciones según lo dispuesto en la Legislación aplicable.

Asimismo, las modificaciones propuestas a la Ley Sobre el Sistema de Asistencia Social de Puebla plantean que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) deberá apoyar el ejercicio de la tutela de los incapaces, que corresponda al Estado en los términos de la Ley.

En los casos de feminicidio en los que existan hijos menores producto de la relación sentimental o afectiva con el agresor, el Sistema Estatal DIF se encargará de dar seguimiento de manera permanente al tutor que tenga la custodia del menor, procurando el interés superior de la niñez a través de las acciones correspondientes a las atribuciones establecidas en la Ley, así como de dar seguimiento a su desarrollo integral hasta que cumpla la mayoría de edad.

Sierra Rodríguez añadió en sus considerandos que para garantizar el interés superior de la niñez se debe tomar en cuenta aspectos relativos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos para la elaboración de normas y su aplicación en todos los órdenes inherentes a la vida del niño.

“Cuando los juzgadores tienen que decidir una controversia que incide sobre los derechos de un menor de edad, deben tener en cuenta que éste requiere una protección legal reforzada, y que la única manera de brindarle dicha protección, implica tener en cuenta todos sus derechos y el rol que juegan en la controversia sometida a su consideración, a fin de garantizar su bienestar integral”, reiteró la legisladora local.

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