Un juez federal de distrito, concedió a colectivas y organizaciones feministas de Puebla un amparo para prohibir la criminalización de las mujeres, personas restantes y personal de salud que participen en procesos de aborto en la entidad.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS) y el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) interpusieron amparos desde enero de este año para prohibir que las personas restantes enfrenten sanciones penales por este delito establecido en el Código Penal del Estado.
La resolución del juez señala que los artículos del Código Penal del Estado que regulan el aborto son violatorios de los derechos humanos del libre desarrollo de la personalidad, autonomía reproductiva, salud, igualdad, no discriminación, y de no sufrir violencia.
El juez de distrito determinó que estos derechos son correspondientes a toda persona con capacidad de gestar, por lo que es inconstitucional prohibir el aborto consentido, así como el sancionar a las personas que apoyen en esta práctica.
Asimismo, se establece que aunque la Constitución del estado proteja la vida desde su concepción, no se debe utilizar el derecho penal para sancionar a quien decida realizarse esta práctica.
Además de proteger a las mujeres y personas gestantes para ser sancionadas por el aborto, el amparo también protege al personal de salud que recibe asesorías de las organizaciones en favor de la interrupción del embarazo para que lleven a cabo estos procedimientos de forma segura.
Las organizaciones que tramitaron el amparo solicitaron al Congreso de Puebla atiendan esta resolución del juez federal para reformar el Código Penal del Estado.
De igual forma hicieron el llamado a las autoridades de salud de la entidad para que garanticen los servicios de aborto para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar; así como se atienda la resoluciones de jueces y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Esperemos que el máximo tribunal de justicia de la nación determine que las organizaciones que presentamos el amparo contra la regulación del delito de aborto de Aguascalientes tenemos interés legítimo para pelear la constitucionalidad del delito de aborto voluntario y declare su invalidez”, enfatizó en su posicionamiento las organizaciones.
Ante esta resolución, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, comentó que analizarán la resolución del juez para determinar cómo procederán los diputados ante el tema, pues no se cuentan con las mayorías necesarias para sacarlo adelante.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Mónica Silva Ruiz, manifestó que esta sentencia es un paso más en favor de la despenalización del aborto en el estado, y que los legisladores no requieren de una resolución de la Suprema Corte para entrar de fondo al análisis de las reformas al Código Penal del Estado, la Ley de Salud y a la Constitución Política local.
