A la investigación que inició hace más de un año la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por lavado de dinero y evasión fiscal por 427.1 millones de pesos, se sumaron casi 200 millones que detectó la Fiscalía General del Estado (FGE) a las operaciones irregulares que mantenía Daniel Tavera Ramos hasta mayo de este año.
Las investigaciones de la Fiscalía poblana, a raíz de la denuncia que recibió el fiscal Gilberto Higuera Bernal, permitieron encontrar más recursos obtenidos a través de contratos que hoy se sabe, no sólo involucran a dependencias y entidades del gobierno del estado, partidos políticos y municipios, los lazos de esta red alcanzaron al Poder Judicial.
La denuncia sobre la Operación Angelópolis, dirigida a Gilberto Higuera, tiene fecha del 7 de julio del año 2021, con número de oficio 110/231/2021 y está firmada por Santiago Nieto, el anterior titular de la UIF. La carpeta de investigación sigue abierta en la Fiscalía General del Estado y ya dio sus primeros resultados.
Uno de los más trascendentales es la captura de Florentino Daniel Tavera Ramos, el artífice de la red de lavado de dinero y socio del diputado Ignacio Mier Velazco y Arturo Rueda Sánchez de la Vega, ocurrida el pasado 3 de octubre por agentes de la FGE.
A Daniel Tavera se la relaciona con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de ocultamiento de recursos. La investigación de la UIF inició por el rastreo que se hizo al traslado de 427.1 millones de pesos con destino a nueve países, algunos considerados paraísos fiscales.
La Fiscalía poblana halló más recursos durante su investigación, a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, por lo que ahora suman 622 millones 707 mil 500 pesos.
Lo anterior le permitió a la FGE obtener la vinculación a proceso de Florentino Daniel Tavera, quien permanecerá en la cárcel gracias al otorgamiento de la medida cautelar de prisión preventiva justificada hasta que concluya la investigación complementaria.
La presunta actividad delictiva de Daniel Tavera inició desde julio de 2018 hasta mayo de 2022, según lo tiene documentado la Fiscalía en su investigación, y en ese periodo se valió de al menos 30 empresas creadas en menos de 24 meses en Puebla y Tlaxcala.
La llamada Operación Angelópolis inició con el arrendamiento de una camioneta de valores para transportar los 427.1 millones de pesos, que en ese entonces detectó la UIF cuando estaba al frente de la misma Santiago Nieto Castillo.
El trabajo fino que hizo la UIF fue seguir el rastro a varias personas físicas y morales, entre ellas el dueño de Multisistemas de Noticias Cambio SRL de CV, Arturo Rueda Sánchez de la Vega, socio de Ignacio Mier; también le siguió el rastro al defenestrado auditor superior del estado, Francisco Romero Serrano. La investigación fue revelada por los periodistas Víctor Hugo Arteaga y Néstor Ojeda en mayo de este año.
El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados ha rehuido de responder a la investigación que involucra a la empresa de la cual es el socio y a otras 31 que son consideradas como fantasma por sus operaciones irregulares.
Trece de las 32 compañías creadas por Tavera Ramos obtuvieron 280 contratos de dependencias y entidades de gobierno, algunas en la actual y en la miniadministración del exgobernador Antonio Gali Fayad, así como de universidades, partidos políticos y organismos públicos descentralizados, como puntualmente ha dado cuenta Hipócrita Lector.
La primera operación irregular que detectó la UIF fue el movimiento de 427 millones 165 mil 500 pesos, realizado por la empresa Infraestructura Civil Manzano S.A. de C.V., cuyo representante legal es Florentino Tavera, para lo cual contrató a la compañía especializada en traslado de valores Servicio PanAmericano, cuyo objeto fue “traslado terrestre nacional de efectivo”.
Infraestructura Civil Manzano fue una de las empresas que creó Tavera en menos de 24 meses, de acuerdo con el acta se constituyó el 6 de octubre de 2017, teniendo como administrador único a Iván Vantolrá Ruiz y a una accionista de nombre Karla Azarel Figueroa Arroyo. Ambos tenían registradas acciones por 50 mil pesos cada uno en dicha empresa, pero fueron quienes ordenaron el traslado de 427.1 millones de pesos en efectivo entre septiembre de 2018 y octubre de 2019.
De acuerdo con una de las entrevistas que los periodistas Víctor Hugo Arteaga y Néstor Ojeda concedieron respecto a la investigación de la UIF, después del traslado de dicha cantidad de efecto –que equivale a 8 mil 540 fajas de dinero–, la Unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pudo detectar la llamada Operación Angelópolis.
INVESTIGACIÓN SALPICA AL PODER JUDICIAL
La participación que tuvieron las empresas de Daniel Tavera en las administraciones anteriores como la de Antonio Gali Fayad, involucró a otras áreas como el Poder Judicial del estado, que ahora está a cargo el magistrado Héctor Sánchez Sánchez, cercano al exminigobernador.
En el Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), una de las empresas de Daniel Tavera obtuvo contratos por 30 millones de pesos. Sin embargo y a pesar de que el facturero está bajo investigación de las autoridades, el presidente del TSJ no ha emitido algún pronunciamiento al respecto.
Se trata de la empresa Grupo Estratégico Rijosa S.A. de C.V., de acuerdo con el periodista Fernando Maldonado, la cual se haría cargo del servicio de digitalización de los archivos del Poder Judicial mediante el contrato CJPJEP-C-ADQ-014-2020 por un monto de 29 millones 986 mil pesos.
El periodista reveló que Grupo Estratégico Rijosa S.A. de C.V. es una empresa fantasma bajo sospecha de emitir facturas falsas, ya que opera en un local donde se venden memelas, en el número 5518 letra A de la calle Coatepec, en la colonia La Hacienda de la ciudad de Puebla.
No obstante, la misma firma constituida por Tavera Ramos recibió un segundo contrato por 2 millones 232 mil 465 pesos con el mismo objetivo: digitalización de expedientes y procesos de archivos.
En total, el Poder Judicial otorgó 32 millones 218 mil 465 pesos en contratos a las empresas de Daniel Tavera, situación que, de acuerdo con el gobernador del estado, Miguel Barbosa, tendrá que revisar la Auditoría Superior del Estado.
Y es que el mandatario también señaló que se someterán a revisión los contratos que otorgaron algunos funcionarios de gobierno al inicio de su administración, los cuales sumarían un total de 35.7 millones de pesos, a cinco empresas ligadas con Florentino Tavera.
En la administración estatal, advirtió, también serán revisadas las áreas que hicieron uso de esta modalidad para desviar recursos públicos o para encubrir gastos realizados en los ejercicios presupuestales.
“Todas esas operaciones se tienen que investigar porque para mí, de entrada, son facturas falsas para justificar cosas. Yo no voy a pasar por nada eso, mi gobierno no va a pasar por nada de eso, y quien esté involucrado en eso, se va a ir de su puesto y puede ser que se le procese penalmente depende de las circunstancias”, sentenció Miguel Barbosa en su conferencia del pasado lunes.
