La administración estatal investigará todas las operaciones irregulares en anteriores gobiernos e incluso en el actual, así como en el Poder Judicial, en las que estén involucradas las empresas factureras que constituyó Daniel Tavera Ramos, actualmente preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El gobernador se pronunció porque la Auditoría Superior del Estado (ASE) investigue si en el Poder Judicial se utilizaron contratos con empresas fantasma, específicamente con alguna de las 13 de las 32 empresas creadas para expedir facturas que se presumen apócrifas.
“Si el Poder Judicial utilizó para justificar gastos presupuestales o ejercicio de gasto, facturas de empresas de simulación como las del señor Tavera, pues tiene que haber una investigación, sí claro que sí”, señaló.
Miguel Barbosa se refirió a las empresas que forman parte de la Investigación que inició la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por lavado de dinero y evasión fiscal hasta por 427.1 millones de pesos y derivó en la captura de Daniel Tavera, principal actor en la trama en la que también están involucrados el diputado Ignacio Mier, Arturo Rueda y Francisco Romero.
“Todo lo que expedían esas empresas eran simulaciones, eran operaciones falsas, todo, no hay excepciones. Así es que el Poder Judicial tendrá que ser investigado por la Auditoría Superior del Estado”, puntualizó.
En la administración estatal, advirtió, también serán revisadas las áreas que hicieron uso de esta modalidad para desviar recursos públicos o para encubrir gastos realizados en los ejercicios presupuestales.
La administración que encabeza Miguel Barbosa mantiene abierta una investigación por el uso de empresas fantasma que involucra al diputado Ignacio Mier Velazco, por presunto lavado de dinero y evasión fiscal a través de ese tipo de firmas, y cuyo principal operador, Daniel Tavera, fue capturado el pasado 3 de octubre.
Entre los funcionarios que beneficiaron con contratos a ese tipo de empresas está el delegado de Bienestar, Rodrigo Abdala Dartigues, quien fue uno de los 35 extitulares de dependencias de gobierno, instituciones educativas y líderes de partidos políticos que favorecieron a 13 de las 32 empresas creadas para expedir facturas que se presumen apócrifas, que tienen en común a Florentino Daniel Tavera Ramos, como apoderado legal.
El mandatario advirtió que no se tolerará que quien haya recurrido a este tipo de compañías para celebrar contratos continúe formando parte del gobierno del estado, no obstante, refirió que los titulares de las áreas que han sido señaladas en versiones periodísticas, ya no forman parte de la actual administración.
Entre las áreas señaladas por otorgar contratos con empresas de Tavera Ramos se encuentra la Secretaría de Turismo, durante la gestión de Fabiana Briseño, quien “se fue muy pronto de mi gobierno por cosas”, reveló el gobernador.
La coordinación general de Museos Puebla, en la época de Julio Glockner, quien fue titular de la Secretaría de Cultura, pero renunció en medio de varias irregularidades, como despidos injustificados, entrega de apoyos irregulares y falsificación de títulos.
Otra de las áreas a las que hizo referencia el mandatario es la dirección general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla (CECyTE), la cual estuvo a cargo de Carlos Ignacio Mier Bañuelos.
Como Hipócrita Lector ha documentado, el también hijo del diputado federal, Ignacio Mier Velazco y actual presidente municipal de Tecamachalco, entregó contratos a las firmas Horus, Planeación Comercial y Asesoramiento Empresarial y Consultores Comerciales y Administrativos La Noria, cuando estuvo al frente del CECyTE.
“Todas esas operaciones se tienen que investigar porque para mí, de entrada, todas esas operaciones son facturas falsas para justificar cosas. Yo no voy a pasar por nada eso, mi gobierno no va a pasar por nada de eso, y quien esté involucrado en eso, se va a ir de su puesto y puede ser que se le procese penalmente depende de las circunstancias”, sentenció Miguel Barbosa.
El mandatario explicó que en su administración se ha implementado un esquema de combate a la corrupción mediante la contención, ya que la administración pública es tan grande que en ocasiones cada secretaría realiza contratos “a veces regular o a veces irregularmente”, consideró.
