Una y otra vez, la gestión de Claudia Rivera Vivanco negó que el DIF Municipal, encabezado por su hermana Mayté, hubiera incurrido en alguna irregularidad en la adquisición de 27 mil 600 despensas destinadas a apoyar a la ciudadanía durante la emergencia sanitaria por Covid-19.
Sin embargo, la Auditoría Superior del Estado (ASE) encontró evidencias sobre un daño y perjuicio a la hacienda pública municipal por 3.3 millones de pesos en la compra de tales paquetes.
Las irregularidades van desde la contratación de una empresa no idónea para la adquisición de las despensas, el cobro indebido del IVA pese a que los alimentos tienen tasa cero; un sobrecosto de 23 por ciento en el costo de las unidades y la entrega tardía de los apoyos sin que hubiera una sanción.
La situación no es menor.
A pesar de que las observaciones de la ASE no lo integran, detrás de la entrega de las despensas existe, además, una trama en la que se pagaron y cancelaron facturas para cuadrar los montos entregados a la empresa.
Al final la sospecha principal es que el DIF municipal pagó una factura inicial para obtener dinero en efectivo y así comprar los productos a granel para armar ellos mismos los paquetes. Las siguientes facturas se utilizaron solo para cuadrar los montos de acuerdo con el contrato.
Por lo menos eso es lo que conjeturó el dirigente municipal del PAN, Jesús Zaldívar Benavides, encargado de revelar todo el cochinero del DIF encabezado por Mayté Rivera Vivanco y que fue denunciado ante la ASE -entonces dirigida por Francisco Romero Serrano, hoy preso por participar en una cadena de extorsiones desde ese cargo- y la Fiscalía Anticorrupción, que abrió la carpeta FGE/CDI/FECC/CORRUPCIÓNMUN1/1797/2021.
Una prueba de esa situación llegó con la denuncia de una extrabajadora del organismo municipal, quien confirmó que los paquetes fueron armados por ellos mismos y la entrega fue tan desordenada que hubo familiares de los servidores públicos que recibieron hasta tres apoyos.
La investigación de Jesús Zaldívar Benavides y la denuncia de Faryani Yaret Miranda Uribe, analista del Departamento de Inclusión Laboral de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad del DIF Municipal, fueron dadas a conocer por este reportero en el periódico ContraRéplica Puebla, el 1 de junio y 28 de septiembre, ambos de 2021.
¿QUÉ HALLÓ LA ASE?
En el Informe Individual de la cuenta pública 2020 del Ayuntamiento de Puebla, cuya titular era Claudia Rivera Vivanco, la ASE halló un daño y perjuicio a la hacienda pública municipal por 3 millones 305 mil 316 pesos 36 centavos que se desprenden de varias situaciones.
De entrada, el organismo halló que la empresa Comercializadora de Productos y Servicios de Puebla SA de CV, a quien se le asignó el 3 de abril de 2020 el contrato de “Adquisición de despensas para atender la contingencia de la pandemia denominada Coronavirus (Covid-19) del Sistema Municipal DIF 2020 (en la modalidad de contrato abierto) incurrió en un daño patrimonial por 2 millones 063 mil 998 pesos 98 centavos.
El monto se establece a partir de varios elementos. El DIF municipal no convocó a proveedores mayoristas idóneos de la Central de Abasto y sus cotizaciones fueron constreñidas a 10 empresas diferentes, de ahí que la diferencia entre los precios reales de mercado y el pago realizado a la empresa ganadora del contrato por un monto de 822 mil 681 pesos 60 centavos.
A esto se suma la decisión de Comercializadora de Productos y Servicios de Puebla -la ASE advierte que la empresa no tiene como actividad la venta de productos básicos- de incluir el cobro de IVA, de acuerdo con la factura 597, por 1 millón 241 mil 317 pesos 38 centavos. Esto implica una ilegalidad, ya que violó el artículo 2A, Fracción 1, inciso B, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que refiere que los alimentos están gravados con tasa cero.
El monto de 2.06 millones de pesos representa un daño patrimonial, ya que consiste en un sobrecosto de 23 por ciento en la adquisición de las despensas.
La empresa justificó el cobro del IVA con una consulta al chat del SAT, en el que se establecía que no era solo la entrega de alimentos, sino que éstos iban empaquetados y fueron entregados directamente a las oficinas del DIF municipal. Esto implicaba que se trata de un servicio y no de una adquisición de alimentos.
Pero la ASE asentó en su resolución que no existe copia original de dicha consulta porque fue decomisada por la Fiscalía Anticorrupción como parte de las pesquisas que se siguen en contra del organismo municipal. A la par, el contrato signado especifica claramente que se trata de una “adquisición de despensas” y ese mismo concepto está incluido en la factura 597 emitida.
Peor aún, la ASE también encontró que las 27 mil 600 despensas se entregaron en dos partes, es decir, hubo un retraso en su entrega total. En la factura 597, el DIF municipal reconoce la recepción a plena satisfacción, el 29 de abril de 2020, de 26 mil 224 paquetes, por un monto de 8 millones 999 mil 550 pesos 98 centavos. Los restantes 976 paquetes fueron entregados hasta el 8 de mayo de 2020, y fue cobrada la cantidad de 329 mil 911 pesos 42 centavos.
Por esta irregularidad no hubo sanciones.
