Ante el daño patrimonial que detectó la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la cuenta pública de la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco por más de 800 millones de pesos, el gobernador Miguel Barbosa Huerta sostuvo que, a diferencia del anterior auditor, ahora ya no se protegen irregularidades con vulgares extorsiones.
Barbosa Huerta enfatizó que actualmente la Auditoría —que encabeza Amanda Gómez Nava— está cumpliendo con su función de revisar el manejo financiero de los ayuntamientos, por lo que emitirá los reportes necesarios que establecen los propios procedimientos de fiscalización.
“Sé que ayer se subió al portal de la Auditoría Superior del Estado (el informe de la cuenta pública), lo único que veo es que la auditoria está cumpliendo con su función de revisar el manejo financiero de los ayuntamientos y así revisará el manejo financiero de todos los ayuntamientos”, acotó.
De acuerdo con el informe de resultados individuales de la cuenta pública 2020, la administración de Claudia Rivera no solventó más de mil 877 millones de pesos ejercidos, de los cuales podrían derivar en observaciones y posible daño patrimonial por 822 millones 810 mil 187 pesos.
En su segundo año como alcaldesa de la capital y el primero de la pandemia por coronavirus en el país, Claudia Rivera obtuvo 217 observaciones al ejercicio de los recursos que manejó en ese año, que equivalen a mil 877 millones 996 mil 313 pesos.
De estas observaciones, 198 no fueron solventadas por la administración municipal de la morenista, ya que solamente 19 fueron atendidas. De las observaciones no solventadas, 142 ameritaron la emisión de pliego de observaciones por posible daño patrimonial, mientras que 56 requirieron una solicitud de aclaración por parte de la ASE.
Miguel Barbosa dijo que la expresidenta municipal —quien fallidamente buscó su reelección en 2021— tendrá la oportunidad de hacer las aclaraciones correspondientes sobre las observaciones ante la ASE, pero le recordó que ya no se protegen irregularidades como ocurría antes.
“La diferencia es que antes, el anterior auditor, no lo estaba haciendo, acordaban cosas y ahí se empantanaron algunos alcaldes y alcaldesas, de pensar que el auditor los iba a proteger a cambio de una simple y vulgar extorsión. Lo que veo es que hoy la Auditoría Superior del Estado está haciendo su función y ahí va a empezar el procedimiento”, puntualizó.
AUDITOR EN DESGRACIA
En mayo de este año, el gobernador reveló que el destituido y encarcelado exauditor Francisco Romero Serrano, mantenía un acuerdo político y de protección con la exalcaldesa de Puebla.
El mandatario dejó entrever que esta protección hacia la militante de Morena se debió a los negocios que hizo “una persona sentimentalmente cercana” a Romero Serrano, la cual proveyó de insumos anticovid al Ayuntamiento de Puebla en la gestión de Rivera Vivanco.
“Yo le dije al auditor de lo que estaba ocurriendo y le dije también de lo que se sabía de un acuerdo político y de protección del auditor a Claudia Rivera, me lo negó, obviamente me lo negó, pero teníamos pruebas de todo ello”, dio a conocer Barbosa Huerta.
El 13 de febrero, Francisco Romero fue detenido por el delito de violencia familiar, presuntamente cometida en contra del hijo de su pareja, posteriormente fue trasladado al penal de Tepexi, en donde enfrenta además el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La salida del entonces auditor se dio en medio de acusaciones por presuntos moches que solicitaba a los presidentes municipales a cambio de aprobar sus cuentas públicas. De hecho, estas acusaciones provienen desde 2020; sin embargo, a través de su cuenta de Twiter, el propio Francisco Romero lo desmintió.
Barbosa Huerta cerró la puerta a los auditores externos que tienen señalamientos de corrupción, para que no participen en el nuevo proceso de selección para integrar el padrón de auditores externos de 2022.
“Los que tienen señalamiento de que cometieron irregularidades que ni participen, en la Sierra Norte el fin de semana se quejaron los presidentes municipales de los auditores externos por los honorarios altísimos que cobraban”, indicó Miguel Barbosa.
Francisco Romero está implicado en la investigación que inició la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2021 por lavado de dinero y evasión fiscal por más de 400 millones de pesos, en la que también están involucrados el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, y el director de Diario Cambio, Arturo Rueda Sánchez de la Vega.
