Dos medios de comunicación locales difundieron la mentira: el fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, había solicitado al fiscal de Investigación Metropolitana desistir de la acción penal y órdenes de aprehensión contra la familia Jenkins de Landa por el desfalco de 720 millones de dólares a la Fundación Mary Street Jenkins.
Pero más tardaron en elaborar dicha fake new en que la Fiscalía General del Estado (FGE) desmintiera la información y emitiera una severa crítica a los emisores de la noticia que era a todas luces errónea y tratada a modo.
En un comunicado, la Fiscalía detalló que el documento en el que se vendió la idea de que fue el propio fiscal de Puebla quien solicitó desistir de las órdenes de aprehensión giradas desde el pasado 27 de agosto de 2021 contra los Jenkins, era en realidad una petición del propio emisario de la familia prófuga de la justicia, Jesús Ponce Cuate, quien es el apoderado legal de la Fundación Universidad de las Américas (Fudlap).
Lo anterior se explica de la siguiente manera: el 26 de agosto de 2022, la Coordinación General de Gestión Documental Institucional recibió la petición de Héctor Jesús Ponte Cuate sobre desistir de toda acción penal contra los Jenkins. El escrito estaba dirigido a la Coordinación de Litigación de la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía del Estado y de inicio fue turnado a Gilberto Higuera Bernal.
Respecto a lo divulgado en medios de comunicación sobre el caso UDLAP, la @FiscaliaPuebla precisa lo siguiente: pic.twitter.com/CGWPvOglLV
— FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 23, 2022
Una vez en poder del fiscal de Puebla, la carta fue turnada al Fiscal de Investigación Metropolitana, Osvaldo Ramírez Zavala, para que realizara la revisión del documento como se hace en todos los casos, sin que esto implicara que el Fiscal de Puebla presentara la petición por propia mano.
Aun así, la petición resultó en un nuevo palo para la familia Jenkins de Landa, toda vez que la Coordinadora de Litigación de la Fiscalía analizó el contenido de la petición y la declaró improcedente, es decir, seguirán vigentes las órdenes de aprehensión por el desfalco de 720 millones de dólares.
“La copia del oficio publicado en uno de los dos medios de comunicación es la entregada al suscribiente del documento en el que se formula la solicitud descrita. Lamentamos que en los medios de comunicación mencionados se pretenda dar un sentido diferente a lo planteado por el apoderado legal de la persona referida”, sostuvo la Fiscalía.
La aclaración sucede luego de que Enrique Rodríguez Aranda, vocero al servicio de la familia Jenkins de Landa, aseguró a El Sol de Puebla que la supuesta petición representaba la resolución del conflicto por la posesión del patronato de la Fundación Mary Street Jenkins y que dejaría sin efecto las atribuciones de Horacio Magaña dentro del nuevo patronato designado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla.
Rodríguez Aranda fue más allá y aseguró que la Fiscalía de Puebla tendría que “fincar sanciones” a los integrantes del nuevo patronato de la Fundación Mary Street Jenkins y que inclusive tendrían la obligación de gestionar la reparación del daño contra la familia prófuga de la justicia por la “persecución” y el “atropello” en su contra.
“Esperamos el compromiso por parte de la FGE que presume ser un órgano independiente para la suspensión definitiva del patronato espurio (…) que este proceso se haga a la brevedad para dar seguimiento a quien incumplió la ley e intentó apropiarse de un patrimonio privado”, dijo a El Sol de Puebla.
La realidad es que, tras un largo conflicto legal que se debatió entre tribunales, jueces y abogados, y que generó opiniones cruzadas sobre quiénes eran los verdaderos integrantes del patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, desde el 24 de febrero de este año, Cecilia Anaya Berrios —rectora ungida por Margarita Jenkins de Landa— aceptó recibir el campus de la UDLAP con el nuevo patronato que preside Horacio Magaña, luego de que fue sobreseído un amparo en el que buscaban evitar tomar el control de la universidad sin los Jenkins.
En tanto, Margarita Jenkins de Landa y su familia continúan prófugos de la justicia tras haber enviado a paraísos fiscales de nueve países los 720 millones de dólares que desviaron de la Fundación Mary Street Jenkins.
