Aún con asesores legales “mafiosos” que reten a la autoridad, el gobierno del estado no bajará la guardia y hará que se cumpla la ley en contra de empresas que continúen contaminando el Río Atoyac, como la fábrica textilera La Heredera.
Lo anterior según advirtió en su conferencia matutina el gobernador Miguel Barbosa Huerta, tras señalar que muchas empresas han desarrollado sus actividades en Puebla sin permiso de impacto ambiental, carecen de plantas tratadoras de aguas residuales o, si las tienen, no las ponen en marcha, o se encuentran en desuso.
Además, “caminan así, defendiéndose con procedimientos legales para evitar ser clausurados o sancionados”, como ocurre con la fábrica de toallas La Heredera, propiedad del empresario José González Cobián, que vierte constantemente residuos tóxicos al Atoyac y que a través de recursos legales ha evitado su clausura hasta en tres ocasiones en los últimos seis años.
De acuerdo con el periodista Álvaro Ramírez, la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla (TJAEP) falló en contra de la clausura que realizó el SOAPAP en junio de 2022, al otorgar una medida cautelar restitutoria para que pudiera seguir operando.
En su columna publicada en la edición de este martes en Hipócrita Lector, La Heredera, una historia de impunidad y criminal polución, relata que durante años esa fábrica ha vertido sustancias contaminantes a los drenajes públicos sin control.
“Tiene una planta de tratamiento que no opera, es inservible, y encima carece de las autorizaciones de impacto ambiental, que deben ser otorgadas a nivel local por la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) del estado de Puebla”, señala la columna.
“Yo debo decirles a todos los empresarios que no vamos -como dice la secretaria de Gobernación- a bajar la guardia en esta lucha contra la impunidad y contra los privilegios, de personas que han actuado permanentemente así”, indicó Miguel Barbosa.
El mandatario recriminó que estos empresarios “se dicen los grandes señores” y quieren que se les refiera como “gente honorabilísima”, pero los invitó a cumplir con la ley, solo a eso, a cumplir con la ley, dijo.
“Porque muchos cuando se les revisa esta parte de su actividad productiva están en falta enorme, ah pero sí, llenan sus voces hablando de medio ambiente y de la aportación, porque dicen `pagamos impuestos´ pero cuando se revisa los impuestos no pagan los suficientes, entonces esos son los privilegios”, sentenció Barbosa Huerta.
El Ejecutivo estatal reiteró su exhorto a “La Heredera” y a los socios de la misma a que cumpla con la ley porque “el gobierno del estado en el ámbito de su competencia verá que se cumpla con la ley”, añadió.
Respecto a la amenaza recurrente que han hecho sus asesores legales, encabezados por el abogado Florencio Madariaga, ante los tribunales jurisdiccionales, el mandatario dijo que es parte de su “trabajo mafioso”.
De paso, Miguel Barbosa señaló que el tribunal que resolvió a favor de la empresa de José González Cobián “está deformado de origen” e “integrado por personas de verdad muy cuestionables, como el que se ocupó de una resolución de esta naturaleza”, dijo.
“Mientras una persona se beneficia con este tipo de faltas de cumplimiento de la ley, miles y miles se perjudican por la contaminación, no es transitable, no lo es, no lo es para este gobierno”, puntualizó.
REFORMA JUDICIAL IMPACTA AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
La reforma al sistema de justicia en el estado que propondrá el gobernador al Congreso del Estado impacta a la integración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, para acabar con las decisiones unitarias que vienen haciendo los magistrados de estas salas.
“Una autoridad lo que hace es cumplir y hacer cumplir la ley, más allá de ejercicio profesional de representación de derechos a particulares o empresas, más allá de eso, hay que hacer cumplir la ley”, sentenció Miguel Barbosa.
En ese sentido, explicó que la reforma aumenta dos magistrados más al TJAEP, que actualmente se compone de siete, para que en total se integre de nueve magistrados, más los tres que forman parte de la recién creada Sala Especializada de Responsabilidades.
Con ello, ya no serán salas unitarias, sino que pasarán a ser salas colegiadas, ya que actualmente, abundó, un magistrado de una sala resuelve los asuntos, y no hay quién les pueda argumentar sus decisiones con una diferencia de criterios.
El mandatario también se pronunció por revisar las historias de los magistrados del Tribunal administrativo y sobre el abogado Florencio Madariaga advirtió: “tiene una historia larguísima, que no nos provoque el abogadito este chiapaneco”, dijo.
