Un caso con huellas de arbitrariedad en el que un juez local ignoró el ordenamiento de un juzgador federal y permitió un atropello que involucra, como perpetradora, completa a la familia del exminigobernador, José Antonio, alias Tony, Gali Fayad, exhibe cómo el presidente del Poder Judicial de Puebla, Héctor Sánchez Sánchez, habría puesto los recursos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al servicio de quien es su jefe político.
La víctima en este caso fue la empresa poblana Fórmula Angelópolis SA de CV, cuyos integrantes además han recibido, según trascendió, amenazas muy graves contra su seguridad personal de parte de los vástagos varones de la familia Gali López.
El solapamiento de Sánchez a favor de quien es su jefe y quien lo colocó al frente del TSJ, se enuncia claramente en este asunto y se operó —de acuerdo con información documental a la que tuvo acceso este reportero— a través de uno de los subordinados favoritos del propio magistrado presidente, a quien le encarga “los temas especiales”: Helmo Mayoral Bello, juez Primero de lo Civil de Puebla.
LA FAMILIA GALI Y LA NEGRA HISTORIA
La trama con los elementos que exhiben una presunta anomalía y el uso faccioso de la ley, se desarrolla en dos tiempos.
Primero, en 2003 se celebró un contrato de arrendamiento entre José Antonio, Dinorah Antoinnete y José Eduardo Gali López como arrendadores, y la persona moral Fórmula Angelópolis SA de CV como arrendatario. Al ser en ese entonces menores de edad, los hermanos Gali López fueron representados para esta operación por sus padres, José Antonio Gali Fayad y Alma Dinorah López Gargallo.
En ese contexto y para esa operación, sin embargo, no sé explico cómo es que tres menores de edad podían ser propietarios de un predio en la zona de Angelópolis, una de las zonas que mayor plusvalía tienen en el estado de Puebla, cuyo valor en el mercado es millonario. Sin embargo, ocurrió.
El contrato de arrendamiento de 2003 fue por 15 años y luego, y esta es la segunda parte de la trama, se signó un nuevo contrato en 2018, también con vigencia de 15 años. Los dos sumados dan 30 años.
En este documento civil, las partes acordaron que cualquier edificación que se construyera sobre ese predio baldío, sería propiedad del arrendatario; es decir, de la empresa Fórmula Angelópolis.
Se plantearon dos posibilidades: que se construyeran dos agencias de automóviles o que se destinara a “otro tipo de uso y actividades”.
Al tener esta facultad contractual para destinar el inmueble a otro tipo de usos, el arrendatario comenzó a edificar una plaza comercial. Todo quedó estipulado en la documentación.
Sin embargo, tiempo después, al notar los Gali López que ya estaba prácticamente terminada la plaza, promovieron un juicio civil de rescisión del contrato de arrendamiento, bajo el argumento de que se habían causado “daños al inmueble”, aunque se trataba de un predio baldío.
Los supuestos daños son inexplicables e inteligibles en la demanda que pusieron los hijos del exminigobernador.
LA MANO NEGRA DEL JUEZ
Este juicio, en el que el sentido común supondría qué los Gali buscaban quedarse con la construcción, lo conoció el juez Primero de lo Civil de Puebla, Helmo Mayoral Bello.
El funcionario del Poder Judicial del estado, sin aparente causa justificada o suficientemente argumentada en la documentación, resolvió decretar una medida precautoria que consistió en la suspensión de la obra de construcción de aquella plaza comercial, a pesar del avance que llevaba.
Inconformes con esa determinación, los arrendadores, es decir, los representantes de Fórmula Angelópolis, promovieron un juicio de amparo que se radicó bajo el número 1879/2021 del Juzgado Octavo de Distrito.
En éste, el juzgador federal advierte las anomalías del juez local Mayoral Bello y concedió a Fórmula Angelópolis el amparo y la protección.
Ordenó al Juez Primero de lo Civil de Puebla que revocará esa medida precautoria, para que pudiera continuar la construcción del centro comercial.
Sin embargo, el juez Mayoral lo pasó por alto y determinó, a partir del 12 de julio 2002, condenar a los arrendatarios a desocupar el inmueble, así como pagar los daños y perjuicios ocasionados a éste, a pesar de que se trata de un terreno baldío.
La otra medida la determinó el 12 de agosto, muy recientemente. En abierto desacato a la justicia federal, el juez poblano volvió dictar una medida precautoria para suspender la obra. De ese modo, contravino lo que resolvió el juez Octavo de Distrito Mixto e incurrió en una “evidente repetición del acto reclamado”, con lo que demostró parcialidad en el asunto y un claro afán de beneficiar a la familia Gali López a pesar de las huellas de ilegalidad en sus actuaciones.
Un caso judicial que pareciera de lo más común y de mero trámite entre particulares; sin embargo, ha dejado al descubierto una presunta arbitrariedad en la que se involucra un conflicto de intereses que señala directamente al excandidato panista a diputado federal suplente y hoy magistrado presidente, Héctor Sánchez, como responsable para beneficiar a su jefe político.
