A diferencia de la dirigente del PAN y su defensa férrea al exgobernador Antonio Gali Fayad, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) dio un paso al costado y dejó que sean las autoridades las que determinen si hubo ilegalidades durante su administración al frente del gobierno de Puebla.
El presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, Carlos Martínez Amador, le dio la espalda al exgobernador emanado del Acción Nacional, quien enfrenta una denuncia penal por presuntos actos de corrupción en su administración, de acuerdo con lo revelado por el mandatario Miguel Barbosa Huerta.
En conferencia de prensa, el líder perredista señaló que se trata de un asunto legal que deberá desahogar la propia Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, además de que calificó como “válido” que se cuestione el trabajo de las anteriores administraciones.
“Lo que sea un tema legal lo tendrá que responder el exgobernador, en esta nueva época del país, es válido que se cuestionen a los gobiernos y la fiscalía está haciendo su papel en la investigación y ya tendrá en su oportunidad el exgobernador de defenderse”.
Martínez Amador formó parte del grupo político de los exgobernadores Gali Fayad y Rafael Moreno Valle –morenovallistas– a quienes apoyó como diputado local, funcionario estatal y dirigente del PRD en la elección del 2018 para facilitar la megacoalición con el PAN-MC-PSI-CPP.
La postura del dirigente perredista se contrapone con la expresada por la presidenta del PAN en Puebla, Augusta Díaz de Rivera Hernández, quien salió en defensa del exmandatario panista ante las querellas abiertas en la FGE, acusando que se trataba de un golpeteo político para debilitar la imagen del partido de cara a la elección del 2024.
La líder del panismo en el estado refirió que el Congreso local debió realizar las observaciones pertinentes a la cuenta pública de Gali Fayad al frente de la administración pública en su momento, en caso de que se cometieran irregularidades, pero éstas fueron aprobadas por los legisladores.
