Luego de que su gobierno interpuso una denuncia en contra del empresario Jacobo Martínez Ramos, dueño del hotel Banyan Tree, el gobernador Miguel Barbosa Huerta confió en que se aplique la ley y que las fiscalías determinen las responsabilidades por el daño ocasionado al patrimonio en la zona de los Lavaderos de Almoloya.
Martínez Ramos enfrenta los delitos de daño en propiedad ajena y daño a monumentos históricos, este último es considerado delito federal y se castiga de acuerdo con la Ley Federal sobre Momentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.
El empresario, presuntamente alteró y se apropió de la zona de los Lavaderos de Almoloya, en donde hizo modificaciones que generaron una grave afectación a la estructura, que puso en riesgo de colapso el famosos túnel que era rentado para bodas y 15 años.
Miguel Barbosa dijo que era una obligación de su gobierno haber puesto de conocimiento de la autoridad investigadora los hechos de San Francisco, en donde el empresario tiene asentado su exclusivo hotel y una casa, para lo cual privatizó la zona fundacional de Puebla.
Confió en que las autoridades investiguen y finquen responsabilidades en el ámbito de sus competencias contra los presuntos responsables, pero advirtió que pronto habrá una evolución de las averiguaciones sobre los daños ocasionados a los monumentos históricos de los poblanos.
“Es de todos los mexicanos, es un patrimonio de la humanidad, no de un hotel, no de un privado, no. Que se aplique la ley, solo que se aplique la ley”, expresó Miguel Barbosa en su conferencia de prensa matutina.
A decir del mandatario, la formación de un fideicomiso sobre el Paseo de San Francisco, los condominios ni las áreas comunes fraccionadas, no justifica ni da legalidad a los daños que se provocaron a los monumentos.
“Esas situaciones de privilegios de otro tiempo, de otro gobierno, con nosotros no van a continuar, o ¿qué pensaban, que iban a quedarse con los monumentos históricos de Puebla en manos privadas? Y que ese esquema jurídico que formaron en los tiempos que, parece, fue de Moreno Valle, y uno o dos (gobiernos) antes, ¿iba a quedarse funcionando como tal? No”, aseveró Barbosa.
El empresario es el presunto responsable de haber convertido el canal de desagüe de Los Lavaderos en un túnel que era rentado por su hotel para sesiones fotográficas para bodas y 15 años, el cual conectaba con el Jardín de las Trinitarias, que cruzaba por debajo de la 14 Oriente.
Los Lavaderos fueron privatizados durante los cinco años que duró el comodato, y únicamente podían ser disfrutados por clientes de un exclusivo bar que era parte del hotel de Martínez Ramos.
El pasado 11 junio, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) cerró el acceso a Los Lavaderos de Almoloya tras detectar el riesgo para los turistas. Posteriormente, el 15 de junio, en conferencia de prensa el gobernador Miguel Barbosa presentó los hallazgos que el personal del INAH reportó, tras integrar un dictamen sobre el patrimonio que estaba en manos de particulares en la zona de San Francisco.
La alteración en la construcción de la zona de Los Lavaderos de Almoloya provocó daños a su estructura subterránea, al grado de representar un riesgo de colapso, informaron autoridades del INAH.
De acuerdo con el dictamen, el desagüe de los lavaderos fue convertido en un túnel por la empresa hotelera, para ello se alteraron los muros y la bóveda de canalización, por lo que al generarse un escurrimiento de aguas de manera natural se fue deslavando la tierra, provocando una inestabilidad en su estructura.
En marzo de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo el auto de vinculación a proceso contra un sujeto que dañó un inmueble histórico situado en el centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez.
El inmueble está catalogado como monumento histórico por el INAH y en su interior se desarrollaban trabajos de construcción y/o remodelaciones, sin contar con la autorización correspondiente.
Esta misma situación ocurrió en Puebla, en la zona del Paseo de San Francisco, ya que a decir de la representación del INAH en el estado, el empresario no contaba con los permisos para alterar la estructura de los Lavaderos de Almoloya.
El empresario mantenía privatizada esta zona fundacional del Paseo de San Francisco en donde, incluso, tenía su casa, la cual quedó al descubierto luego del rescate del Jardín de las Trinitarias, que hizo el gobierno estatal para reabrir al público este importante espacio.
