No conforme con la debacle sufrida tras el rechazo del Congreso local en la aprobación del cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en la capital poblana y en las Cholulas, el alcalde Eduardo Rivera Pérez inició una segunda avanzada para cobrar este concepto con miras al ejercicio fiscal 2023.
Se trata de la promoción de alegatos bajo el presunto respaldo de 23 ediles que forman parte de la Asociación de Alcaldes de las Ciudades Capitales. A decir de Rivera, este frente pretende impulsar litigios para recuperar el cobro de este concepto en las ciudades y con ello, en el caso del municipio de Puebla, cobrar en promedio 160 millones de pesos anuales.
Según el munícipe, esta asociación decidió respaldar la controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para cobrar por este concepto mediante argumentos que intentan revocar la determinación de los diputados locales en diciembre pasado.
Rivera Pérez reprochó que más de mil 400 municipios de la entidad tienen la facultad para realizar este cobro, según una solicitud de información que la Comuna poblana realizó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“La Asociación de Ciudades Capitales, a la cual he estado acudiendo en diversas reuniones, decidió respaldar los alegatos y los argumentos que nosotros presentamos ante esta controversia que nosotros hemos presentado, esto consolida la propia postura que el gobierno de la ciudad ha hecho respecto al derecho del cobro del DAP”, detalló.
La asociación está conformada por alcaldes de distintos partidos políticos, aunque la
mayoría se trata de militantes del PAN; entre ellos se encuentran en este frente se encuentran Jorge Corichi, de Tlaxcala; Jesús Pablo Lemus Navarro, de Guadalajara; Luis Donaldo Colosio Riojas, de Monterrey, y Francisco Martínez Neri, de Oaxaca.
El empecinamiento del panista para cobrar por el DAP sucede a pesar de que, en febrero pasado, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta envió un mensaje a las autoridades municipales al señalar que deben ser respetuosos de las determinaciones de la Corte tanto a favor o en contra de sus causas.
Esto en relación a la resolución de la Corte respecto a que es inconstitucional la forma en que se cobraba el concepto del DAP al estar incluido dentro de la factura de los usuarios de energía eléctrica.
En enero, tras la debacle del edil poblano al no lograr un consenso en el Congreso para cobrar el DAP, Eduardo Rivera insistió que fue una medida inequitativa que sólo se incluyera a 144 municipios. A la par, se adjudicó que él fue uno de los promotores de dicha iniciativa, misma que abandonó antes de que se llevara al Pleno para no asumir el costo político.
