El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es, en Puebla, como en el país, un ente extraño, una conglomeración de adolescentes políticos y arribistas de coyuntura; un grupo de pandillas en busca de beneficios económicos; un puñado de trasnochados de la izquierda histórica y apenas unos cuantos que buscan abonar al proyecto de nación del lopezobradorismo.
Morena así no le sirve al Presidente de la República, no tiene capacidad de acompañar al mandatario poblano en su administración y decisiones de gobierno, pero, sobre todo, no les sirve a los ciudadanos.
Con estas credenciales colectivas, el movimiento que ha sido incapaz de evolucionar a instituto político se alista a la elección de su dirigencia estatal, la que, cualquiera que sea el resultado, terminará con jaloneos en los tribunales electorales. Es inexorable en Morena que no supera, tampoco, su pasado perredista.
Los 30 y 31 de julio se realizarán asambleas en los 15 distritos electorales federales de la entidad, de donde saldrán 150 consejeros estatales que definirán, el 6 de agosto, en una asamblea, a las cabezas del nuevo Comité Ejecutivo Estatal (CEE).
Ese partido en Puebla lleva más de cuatro años con remiendos y parches en su dirigencia, con un bajísimo nivel de liderazgos, con verdaderos analfabetas funcionales como presidentes en funciones.
Ahí están, como ejemplos, Édgar Garmendia de los Santos, que lo más importante que hizo fue autoasignarse una diputación plurinominal local, o Aristóteles Belmont Cortés, extraviado completamente de la realidad estatal y del contexto histórico poblano de la izquierda, en particular, y de la política, en general.
Lo mejor que le puede pasar a Morena es la obtención de una dirigencia que sirva a Puebla y a los poblanos; que acompañe a Miguel Barbosa en sus acciones y decisiones de gobierno. Que presione a sus legisladores en el Congreso del Estado a una agenda seria y de utilidad social.
En el terreno político-partidista, una dirigencia que convoque y genere unidad política y orgánica; que despierte la deliberación interna; que siente las condiciones para la disciplina, que resulta, al final de cuentas, una herramienta indispensable para los institutos.
Que, simplemente, haga partido.
El proceso, mientras tanto, es una kermés, con ya nueve aspirantes.
Entre ellos y ellas destacan la peor carta de presentación de ese partido a nivel nacional, por su mal papel como alcaldesa, con señalamientos de ineficiencia y corrupción, Claudia Rivera Vivanco, y otros por el estilo.
Es deseable que esta kermés deje momentos coloridos para la crónica periodística, pero que también sea el comienzo a un verdadero partido estatal.
Jueces y parte, corrupción en el Poder Judicial
Muchos ojos y muchas reflexiones sobre el papel de los juzgadores han surgido con el caso de la jueza Primero de lo Civil del Distrito de Huejotzingo, Amada María Teresa Márquez Martínez, quien fue denuncia por conductas delictivas en el ejercicio de su cargo.
¿Se puede ser rector de la ley y andar por la vida como presunto delincuente?
Los jueces también incurren en delitos cuando tuercen la ley y sus cargos para presuntamente lucrar y obtener beneficios personales.
La interpretación subjetiva y personal que no se asume con profesionalismo, en el caso de la justicia institucional, casi siempre termina convertida en mácula.
Nadie espera eso de una persona a la que se le encomendó velar por el cumplimiento del contrato social y de la ley, pero que en la realidad se comporta como presunto integrante de una mafia o un grupo delincuencial, para despojar a una mujer de avanzada edad de su único patrimonio.
En este caso, la juzgadora, eso asegura la denuncia, utiliza su conocimiento, su cargo y su poder, para emitir una sentencia que despoja de lo único que tiene a una persona vulnerable.
La denuncia ya está ante la Fiscalía General del Estado, contra Amada María Teresa Márquez.
Con este caso, se aviva la necesidad de revisar las acciones de otro integrante de este grupo de jueces, que presuntamente se comportan con ilegalidades: Roberto Antonio Mendoza Salmorán.
Este asunto ya se analiza con las autoridades y su meta ulterior debe ser poner orden en el Poder Judicial del Estado. Un orden muy urgente.
