Los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) denunciaron el abuso cometido por servidores públicos, al recurrir a la reserva de información por cinco años para negarse a responder a solicitudes de información.
En conferencia de prensa, los integrantes del INAI consideraron necesaria una reforma a la Ley General de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para endurecer el aspecto de sanciones, a fin de que los sujetos obligados de rendición de cuentas entreguen la información que les es solicitada.
El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas consideró que el problema del acceso a la transparencia e información pública no está en las instituciones o en la Ley aplicable, pues la legislación creada en el Congreso de la Unión está considerada como una de las mejores en el mundo que facilita el acceso para los ciudadanos.
“No es un problema de reformas, es un problema de reformar la mentalidad de los funcionarios, están abusando cada vez más de las reservas, han venido nuevos y peores vicios como el decir a todo que no lo tienen, batear las preguntas diciendo que no son competentes de lo que deben de ser por sentido común, se abusa de las reservas a tope todo a cinco años, aunque el asunto merezca muchísimo menos tiempo, y a declarar que como no lo encuentran no existe”, externó el comisionado del INAI.
Acuña Llamas expresó que estas prácticas de funcionarios públicos representan un retroceso grave al acceso a la información en una época en la que los funcionarios buscan pretextos para poner a tope la reserva de información y retrasar la respuesta.
La comisionada Josefina Román Vergara expresó que una reforma que necesita la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a nivel federal y en Puebla es en el apartado de infracciones y sanciones para los sujetos obligados de la información.
Expuso que se debe armonizar las sanciones establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, debido a que la Ley de Transparencia tiene un listado detallado de infracciones por incumplimiento en la materia.
“Con todo y que tenemos la mejor ley en el mundo, nada más faltaría esa armonización con la Ley General de Responsabilidades, creo que eso también ayudaría mucho a que, si se finca responsabilidad, se imponen sanciones a municipios, aunque sabemos que no todos tienen la misma capacidad económica, tecnológica o humana, ir aplicando este apartado de sanciones”, comentó Román Vargas.
Recordó que, con el paquete de reformas constitucionales de 2014 en la Cámara de Diputados, se avanzó en materia de combate a la corrupción con la Ley General de Responsabilidades Administrativas; sin embargo, se dejó sin una aplicación clara para los servidores públicos en cuestiones de transparencia y acceso a la información.
