En medio de críticas por integrar una política de endeudamiento en el Ayuntamiento de Puebla, la cual carece de transparencia y de toda lógica técnica y financiera, los integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda municipal avalaron por mayoría de votos solicitar una deuda pública de hasta 160 millones de pesos para ejecutar obras de infraestructura básica en el municipio, como adelanto del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).
La discusión del punto de acuerdo ocurrió en medio de inconformidades por parte de los regidores de Morena que cuestionaron la razón de contratar una deuda de tal magnitud que además generará intereses, aun cuando hay excedentes en las arcas municipales por 151 millones de pesos y existe un balance presupuestario positivo de mil 485 millones de pesos.
De inicio, Leobardo Rodríguez Juárez criticó que la presentación del punto de acuerdo intentaba ser vendida bajo la palabra “anticipo”, cuando en realidad se trata de la adquisición de una deuda pública, además de que la Ley de Disciplina Financiera es clara cuando señala que, si el Ayuntamiento requiere más recursos, el primer paso es reducir el gasto corriente.
“No es un anticipo, porque si hablamos de un anticipo suponiendo que existiera la figura legal, no tendríamos por qué pagar intereses, aquí yo creo que hay que cumplir algún acuerdo con un banco porque es gastarnos el dinero que de por sí vamos a recibir, que ya tenemos en bancos, que no nos gastamos, tenemos ingresos excedentes y todavía contratar una deuda para que el Ayuntamiento pague intereses, no le encuentro el razonamiento lógico”, sostuvo Rodríguez Juárez.
El morenista argumentó que, en caso de buscar más recursos para obras en la ciudad, el gobierno municipal debería reducir salarios de altos funcionarios en lugar de incrementarlos, y no haber modificado el capítulo 1000 correspondiente a remuneraciones por 30 millones de pesos al alza.
A la par, cuestionó el cómo las obras de relaminación, de agua potable y drenaje que se utilizarán con este recurso impactarán de manera sustancial en la erradicación de la pobreza, toda vez que este fue uno de los argumentos que utilizaron los alfiles del alcalde Eduardo Rivera Pérez para avalar el punto de acuerdo con tres votos a favor.
En tanto, el coordinador de los regidores del PAN, Carlos Montiel Solana, justificó que las críticas de la oposición fueron vertidas con juicios políticos, pues las obras se ejecutarán en zonas de alta marginación.
“Entiendo que la palabra endeudar es algo que a la gente le saca ámpula, pero no hay que tenerle miedo si ese endeudamiento se hace con responsabilidad, lo que está sucediendo es que estamos adelantando otra participación que de todas maneras vamos a tener en años futuros ¿Para qué? Para de una vez atender las necesidades que los ciudadanos tienen”, manifestó.
Lo que no dijo el también expresidente del Consejo Coordinador Empresarial es que la contratación de esta deuda generará intereses que deberán ser pagados desde las arcas municipales.
No obstante, al ser cuestionada sobre cuál sería el monto que la Comuna pagará de intereses, la Tesorera municipal, María Isabel García Ramos, evadió el tema al señalar que ese monto dependerá de las cotizaciones que presenten las cinco instituciones bancarias con las que se buscará el crédito.
A lo sumo, lo que se dio a conocer en la Comisión fue que una vez que se presente este mismo punto de acuerdo en el Cabildo de Puebla el próximo 24 de junio, buscarán cotizaciones con los bancos, entre ellos Banorte, Bancomer, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), para que así, el 20 de julio, se conozca a la institución que entregará este recurso.
El 1 de agosto estiman que quede registrada la deuda ante el gobierno del estado, entre el 22 de agosto y 19 de septiembre se emita la Constancia de Registro Público Único y el 3 de octubre reciban el depósito del crédito, el cual será pagado en un plazo de 28 meses, es decir, de junio de 2022 a octubre de 2024.
