“Mi hermana era madre soltera y eso nunca es fácil. Parte de mis funciones era darle ánimos como fuera”, escribió Helena Monzón, hermana de Cecilia, esta mañana.
La detención de Javier López Zavala presunto feminicida de la abogada Cecilia Monzón abre las puertas para que se haga justicia en el caso del feminicidio de la activista poblana.
La actuación de la fiscalía, como ha exigido la familia de Cecilia, en voz de su hermana Helena Monzón deberá ser impecable y sustentar el reclamo de justicia de la familia y de la sociedad civil.
El excandidato al gobierno de Puebla en 2010, detenido la mañana de este lunes en un domicilio de la junta auxiliar de la Libertad, sería presuntamente imputado por el feminicidio de Cecilia Monzón.
La abogada inició un juicio de alimentos en contra del político poblano, padre de su hijo Emiliano.
Cecilia Monzón en su trayectoria política que inició en el PRI, partido al cual abandonó para ser candidata a la alcaldía de San Pedro Cholula en el 2021, por el Partido Verde Ecologista, enfrentó a los hombres del poder en la busca de espacios políticos.
Cecilia era Cecilia, una punk de la política poblana, una antisistema del machismo barroco que exalta a la familia en las portadas de revistas de sociales para normalizar la violencia.
Monzón se movía en la calle, con la gente y aprovechaba su carisma y su contagioso entusiasmo para ganarse a las personas en sus campañas.
Política de tierra podía debatir en el aire con el macho más pintado y hacerlo trizas.
Su tránsito hacia la lucha a favor de las mujeres surgió cuando Cecilia se percató que su desafío a la clase política atravesaba el mundo patriarcal de quienes hacen política en Puebla.
Monzón abrió una grieta en el sistema patriarcal poblano, organizaciones, mujeres, activistas, sus amigos y su familia, han exigido justicia, tras su feminicidio.
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Más allá de las indagatorias y las probanzas, quedan en el aire un conjunto de preguntas: ¿cómo puede ser posible la vida política en Puebla después del feminicidio de Cecilia Monzón?, ¿cómo puede llevarse a cabo la vida pública si el presunto autor intelectual de Monzón era integrante de la clase política poblana y personaje público y participante de la vida de las instituciones en el estado?, ¿cómo pueden las mujeres hacer vida política y vida pública si sus agresores se encuentran inmersos en la vida política y social? ¿si estos actores y agresores ocupan u ocuparon las primeras planas y los escenarios del poder público y del poder mediático?, ¿si son personas del poder que lo ejercieron y lo ejercen en la ruta de la necropolítica?
Esta es una historia que alumbra aquello en lo que se ha sumergido la práctica de la vida política y pública en el estado, en las últimas décadas y que se ha recibido de manera normalizada.
Lo relevante hasta estos momentos es que la detención de los presuntos asesinos de la activista Cecilia Monzón no dejará impune este feminicidio.
El feminicidio de Cecilia Monzón ha mostrado los límites de la participación política y lo frágil de la actuación de las activistas cuando se impone la fuerza bruta de las decisiones violentas.
La Fiscalía del Estado aún tiene diversos casos pendientes.
Hasta el día 6 de junio se habían contabilizado 34 feminicidios en el estado de Puebla, de acuerdo, a los reportes hemerográficos, y al Observatorio Nacional de Feminicidios.
De estos casos de feminicidios, el Secretariado Nacional de Seguridad Pública reconoce 7 casos que se ajustan al tipo penal del estado de Puebla.
De estos 34 feminicidios, únicamente se encuentran investigados y con algunos detenidos, cuatro casos, entre ellos el feminicidio de la activista Cecilia Monzón.
La fiscalía debe demostrar su capacidad para investigar y resolver los feminicidios cometidos en lo que va del año.
Y de que estas investigaciones se verán traducidas en sentencias en contra de quienes perpetraron estos actos.
La fiscalía debe demostrar que la justicia es para todas las personas.
Y que la justicia no depende de la capacidad mediática, diplomática y de movilización de las familias, amigos y organizaciones de las mujeres víctimas de los feminicidios.
(Lo cual también muestra que el capital simbólico de las víctimas, sus redes de apoyo y la movilización social son claves para que la justicia actúe con celeridad. Algo así como sin voluntad política no hay justicia por parte del Estado. Algo que también sabía Cecilia Monzón.)
Existe una profunda brecha en la impartición de la justicia en el país.
El feminicidio de Cecilia Monzón nos muestra los lazos entre poder político y patriarcado.
Que una parte de la clase política formada en la última década reprodujo esta violencia patriarcal y la condujo hasta excesos inconcebibles desde las instituciones y fuera de ellas.
Que esta violencia es sistémica y se exacerba, que no es una ocurrencia personal, sino que habita en ese imaginario social y político de las élites.
Cecilia Monzón creía en el sistema de justicia del país y en las instituciones de impartición de justicia y se condujo apegada a sus reglas para responder a la violencia que sufren las mujeres en Puebla.
Cecilia Monzón fue una insurrecta y una guerrera.
Cecilia ha dejado un legado político, más allá de las cúpulas partidistas, un legado que puede calificarse de invaluable, y que puede detonar transformaciones profundas.
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Otro camino que debería valorarse es el de los excesos de la llamada clase política poblana.
En la vitrina de la vida pública quienes han ocupado puestos de representación popular deberán comprender (algo que es un enorme deseo popular) que la realpolitik no justifica los medios para la conservación del poder.
Puebla vive desde hace varios años una crisis generacional de liderazgos y de formación de cuadros políticos.
Cecilia, como otras mujeres valiosas, fue la excepción.
Se decantó por el camino áspero de la sororidad y de la defensa de las víctimas de violencia patriarcal.
Desde la violación de los derechos humanos por parte del gobernador Mario Marín Torres en contra de la periodista Lydia Cacho Ribeiro ordenadas por Kamel Nacif; la violenta represión en San Bernardino Chalchihuapan que costó la vida del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, hasta el fraude electoral durante la elección del 2018 en contra del candidato de la coalición izquierdista Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, en una elección de tintes violentos en julio del 2018, Puebla ha estado marcado por estas acciones que han caracterizado a la clase política.
Las prácticas de realpolitik de la clase política son el contexto de esta violencia sistémica.
La lista de agravios sociales continúa ahí.
Lo menos que les queda a las instituciones es acabar con la impunidad.
Sólo así descasará en paz su memoria.
#JusticiaparaCecilia
