El diputado federal Toño López, integrante de la Comisión de Hacienda, explicó que la reciente aprobación del IEPS a las bebidas con electrolitos —como Gatorade, Powerade o similares—, tiene como objetivo desincentivar su consumo en un 7 por ciento, mas no es una medida recaudatoria para el Estado.
“Estas bebidas se vendían como si fueran medicamentos, pero en realidad contienen grandes cantidades de azúcar, al nivel de los refrescos”, señaló el legislador en entrevista con Hipócrita Lector, tras la votación en el Senado durante la madrugada del viernes.
López Ruiz detalló que la medida, impulsada por Morena junto con legisladores del Partido Verde y del Partido del Trabajo, responde a un problema de salud pública creciente.
Expuso que México ocupa los primeros lugares mundiales en consumo de bebidas azucaradas y obesidad infantil, lo que —dijo— deriva en altos costos para el sistema de salud.
“En nuestro país se registran alrededor de 75 amputaciones diarias por diabetes y el gasto que se hace en el tema de salud para enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes es de más de 180 mil millones de pesos. Somos el primer país con consumo de refresco per cápita en el mundo”, apuntó.
Toño López apuntó que la reforma al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) grava a las bebidas con electrolitos que se comercializan fuera del ámbito médico.
Solo los sueros orales avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) quedarán exentos, mientras que los consumidores deberán recibir etiquetado nutrimental más claro y advertencias sobre el contenido real de azúcar en cada envase.
El impacto fiscal estimado, según estimó, es de 41 mil millones de pesos anuales, recursos que, según el legislador, buscarán etiquetar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para destinarlos a programas de prevención de enfermedades metabólicas y nutrición escolar.
Expuso que la meta no es inédita ni improvisada, toda vez que, en países como Reino Unido, Chile y Sudáfrica, impuestos similares redujeron el consumo de bebidas azucaradas entre un 30 y 50 por ciento en los primeros años de aplicación.
De acuerdo con el diputado, los resultados del nuevo gravamen se medirán en 2027 y, a partir de ahí, podrán observar una reducción real en el consumo y en los indicadores de salud.
