Durante la administración de López Obrador se nos vendió la idea de que el surgimiento de la Guardia Nacional, la cual está integrada en su totalidad por militares, generaría una mejor seguridad pública a la población, como también se erradicarían los actos corruptos de las corporaciones policíacas anteriores. Esta institución tenía el propósito de actuar como primera línea de ataque para hacerle frente a los elevados índices de violencia criminal.
Bajo el actual gobierno de Claudia Sheinbaum se ha continuado con la consolidación y fortalecimiento de este organismo de seguridad, sin importar que en su actuación cometan una serie de abusos, arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos en contra de la población civil. Además, tenemos que mencionarlo, se han convertido en verdaderos maestros de la corrupción con la venia del gobierno federal que les garantiza que sus actos no tendrán consecuencias.
En este sexenio se hizo una reforma a la Ley de la Guardia Nacional que trasladó de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a dicho organismo. Esto representó que México ya no tuviera, por primera vez en su historia, una policía civil nacional, ampliando con ello la fuerza y presencia de los militares dentro del área de la seguridad pública.
Sin embargo, más allá de las supuestas bondades que iba a ofrecer esta institución, la realidad es que la sociedad en su conjunto ha tenido que sufrir las actitudes impunes con la que actúan los miembros de la Guardia Nacional en todo el país. En este sentido, han sido muchos los casos que se han presentado donde los abusos, las arbitrariedades, las violaciones a los derechos humanos y los actos de corrupción se hacen presentes en los operativos, en los retenes que instalan en diferentes puntos del país, en su día a día sin que nadie pueda ponerles un alto. Es francamente lamentable que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) esté más preocupada por justificar y avalar las actitudes de la Guardia Nacional, que manifestarse en contra de sus procederes violatorios e incluso indignantes en contra la población en general.
Un ejemplo de esta situación de impunidad por parte de los integrantes de la Guardia Nacional es lo que ha venido sucediendo en el estado de Guanajuato, entidad que concentra una de las mayores presencias de esta institución con 24 mil elementos desplegados en los últimos años y que, sin embargo, no han podido reducir la violencia. Entre los diferentes actos de abuso que han cometido podemos mencionar los siguientes: allanamientos ilegales y saqueos en Yuriria, balaceras contra migrantes en Silao, agresiones a estudiantes en Irapuato, sin dejar de olvidar la masacre que se dio en León, provocando la muerte de dos bebés entre las víctimas.
A esto se le deben agregar varios incidentes generados por los miembros de esta institución que, actuando con total impunidad, provocan riñas fuera de los estadios, cometen abusos contra periodistas, realizan atropellos contra colectivos de búsqueda y, por si fuera poco, intimidan a simpatizantes de partidos políticos.
En Oaxaca también se cometen actos abusivos y, sobre todo, se está realizando una práctica sistemática de corrupción en contra de conductores que transitan por las diferentes regiones del estado. Se han hecho públicas estas denuncias de la población gracias a las redes sociales, donde se manifiesta la actitud extorsionadora de los miembros de la Guardia Nacional para que los conductores, ya sea en Valles Centrales o en la Costa, al cruzar por los retenes instalados se les indica que, por algún motivo sin sustento, serán infraccionados a no ser que puedan arreglarse de manera ilícita y corrupta. Esta práctica extorsionadora y corrupta se está convirtiendo en un verdadero calvario para todas aquellas personas que transitan por la Costa oaxaqueña.
Sin duda, la Guardia Nacional ha sembrado en las carreteras de la costa de Oaxaca, entre Huatulco, Puerto Escondido, Rio Grande y Pinotepa Nacional el terror de los automovilistas y motociclistas, la zona del aeropuerto internacional de Puerto Escondido es una zona de captura, incluso dentro del propio aeropuerto hacen de la corrupción un ingrediente de todos los días, ir por un pasajero o ir a dejar un pasajero es un albur, para enfrentar la corrupción de todos los días, frente al paraje del “Jicaro” la Guardia Nacional hace su agosto, la corrupción han expresado algunos, también acepta tarjeta, “si no llevas efectivo puedes hacer transferencia” la Guardia Nacional ya no inspira confianza, inspira terror y miedo.
Los transportistas que recorren la carretera México-Querétaro, a la altura del kilómetro 38, se han quejado de que la Guardia Nacional los extorsiona con la cifra de diez mil pesos para que no sean infraccionados, argumentando supuestas irregularidades. Este amedrentamiento y acusaciones fueron grabadas por los propios transportistas para evidenciar el proceder ilícito, ilegal e impune con el que actúan los integrantes de la Guardia Nacional, pertenecientes a ese destacamento. Es tal la desfachatez con la que proceden, que si no aceptan otorgar la extorsión exigida, los transportistas tienen que ver cómo elementos policiacos rompen los cristales del transporte y aparte los amenazan con detenerlos.
Pese a que la Guardia Nacional ha generado el mayor número de quejas ante la CNDH durante los años que van de 2019 a 2024 con un total de 1,816 quejas, el organismo defensor de los derechos humanos de las y los mexicanos solamente emitió un total de 13 recomendaciones por las violaciones a los derechos humanos que la sociedad manifestó. Cabe destacar que entre las violaciones a los derechos humanos que se han señalado, están las siguientes: faltar a la legalidad, la honradez, la lealtad, imparcialidad y eficacia; prestar indebidamente el servicio público; detenciones arbitrarias; empleo arbitrario de la fuerza pública; acciones y omisiones que transgreden los derechos de las personas migrantes; trato cruel, inhumano o degradante y por supuesto corrupción.