Publicado originalmente por Claudia Guerrero y Natalia Vitela en Reforma, compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico.
La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el dirigente priista Alejandro Moreno, conocido como “Alito”, adquirió propiedades en Campeche con recursos producto de lavado de dinero y corrupción.
“Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción y por eso viene este esquema” señaló Sheinbaum en conferencia mañanera.
Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal explicó que este tipo de casos refuerzan la necesidad de fortalecer la Ley de Extinción de Dominio, ya que los procesos actuales son demasiado largos, incluso en delitos de delincuencia organizada.
“Fíjense, ahora, estamos planteando —nada más que se está trabajando— la ley de extinción de dominio, porque es muy difícil que haya extinción de dominio, incluso en casos de delincuencia organizada, donde está probado. O sea, ya está la sanción a la persona, y hacerle extinción de dominio es muy largo”, indicó.
El Gobierno de Layda Sansores publicó el lunes pasado un decreto en el Periódico Oficial con la declaratoria de “Utilidad Pública” para expropiar varios polígonos bajo el argumento de destinar los predios para la construcción de la Escuela de la Salud de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.
El decreto considera un predio de 1.4 hectáreas que se encuentra a nombre de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre del líder priista Alejandro Moreno. También otros dos predios registrados a nombre de Juan José Salazar Ferrer, arquitecto y quien es señalado por el Gobierno morenista como presunto prestanombres de “Alito”. Un terreno es de mil 111 metros cuadrados y otro de 5.2 hectáreas.
Según la Fiscalía de Campeche, Salazar Ferrer recibió esos dos terrenos en “dación de pago” directamente de Alejandro Moreno.
La titular del Ejecutivo federal detalló que la propuesta busca aplicar la extinción de dominio también en casos de corrupción comprobada, particularmente, cuando se demuestre la compra de inmuebles con recursos ilícitos.
“Si se adquiere un predio tiene que demostrarse evidentemente, ¿verdad? Y, cualquier cosa la tiene que determinar un juez, pero si por corrupción, por mal uso del recurso, se compra un inmueble, y se demuestra que eran incluso recursos públicos o recursos mal habidos a través de algún moche o alguna otra cosa, pues que se entregue a la SEP para hacer escuelas, universidades”, sostuvo.
Sheinbaum informó que la iniciativa de reforma será presentada en breve y surgió a partir de las discusiones relacionadas con el agua, pero se ampliará para casos de corrupción.
