Un tribunal federal en San Francisco ordenó al Gobierno de Donald Trump restaurar más de US$ 500 millones en subvenciones federales que había congelado a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en una acción considerada como represalia por disputas ideológicas.
La jueza Rita Lin, del tribunal de distrito, concedió este lunes una medida cautelar preliminar al considerar que la administración de Trump violó la Ley de Procedimiento Administrativo, al suspender las ayudas sin una justificación legal clara.
“No se siguieron los procedimientos adecuados ni se ofrecieron explicaciones suficientes”, indica el fallo judicial, que obliga a reintegrar los fondos destinados principalmente a investigaciones médicas de alto impacto.
Los recortes afectaron cerca de 500 subvenciones que financiaban estudios en UCLA sobre párkinson, cáncer, regeneración celular y salud pública. La mayoría provenía de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), uno de los organismos más relevantes del país en materia de ciencia médica.
La universidad denunció en agosto que el Gobierno federal había suspendido US$ 584 millones, sin detallar las razones. Solo se aludía, de forma general, a presuntas violaciones a derechos civiles, por supuesta inacción ante el antisemitismo y la acción afirmativa en el campus.
Este no es un caso aislado. La administración de Trump ha presionado a varias universidades de élite —como Harvard, Columbia y Brown—, exigiendo cambios en sus políticas de diversidad e inclusión. La justificación: que estas prácticas discriminan a estudiantes blancos y asiático-estadounidenses.
En algunos casos, como en Harvard, los jueces también han determinado que la suspensión de fondos fue una represalia ilegal.
En el caso de UCLA, el Gobierno incluso propuso cerrar la investigación a cambio de un pago de US$ 1.000 millones por parte de la universidad, una cifra que el gobernador de California, Gavin Newsom, calificó de “extorsión”.
“Ese monto devastaría a cualquier institución pública, y sienta un precedente peligroso para la autonomía universitaria”, advirtió un portavoz de UCLA.
Esta nueva orden judicial no es el primer revés para el Gobierno de Trump en este tema. En agosto, la misma jueza Lin ya había ordenado restituir US$ 81 millones de subvenciones de la Fundación Nacional de Ciencia, tras determinar que su suspensión violaba una orden previa.
Con este nuevo fallo, se restaura la mayoría de los fondos originalmente retenidos, y se establece un precedente clave sobre el uso político del financiamiento público en educación e investigación.
Aunque el Gobierno podría apelar, el fallo marca una victoria clave para las universidades públicas y científicas del país, que en los últimos años han enfrentado ataques ideológicos y financieros por parte del Ejecutivo federal.
La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios tras conocerse la decisión judicial.
Porque el caso UCLA no solo trata sobre dinero: pone en juego el equilibrio entre el poder federal y la autonomía universitaria, especialmente en momentos en que la política busca influir cada vez más en la ciencia y la educación.
