Puebla enfrenta una deuda de cerca de 3,000 millones de pesos producto de fallos judiciales presuntamente corruptos emitidos en administraciones pasadas. Así lo denunció el gobernador Alejandro Armenta, quien afirmó que empresarios coludidos con exfuncionarios federales y jueces impusieron pagos leoninos al estado por obras inexistentes o infladas.
En su mensaje, el mandatario poblano explicó que se trata de procesos judiciales heredados, algunos ya perdidos, y que representan un grave daño patrimonial para las y los poblanos. Mencionó el caso específico del Hospital de la Niñez Poblana, donde se exigieron pagos por obras que no fueron ejecutadas.
“O pavimentamos calles o pagamos 3,000 millones de pesos por obras inexistentes”, sentenció Armenta.
El gobernador señaló que toda la información ya fue entregada al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pidió a los llamados “pseudoempresarios” que “corrijan” y se deslinden del esquema de corrupción que operó en el pasado.
Finalmente, recalcó que su gobierno no permitirá el retorno de prácticas del “viejo régimen”, donde las complicidades entre empresarios, funcionarios y jueces resultaron en saqueo al erario público.
