El expresidente Donald Trump reclamó este miércoles, a través de su plataforma Truth Social, la imposición de la pena de muerte contra el sospechoso del asesinato de una refugiada ucraniana en un tranvía de Charlotte, lo que ha desatado una fuerte polémica en Estados Unidos.
El 22 de agosto, Iryna Zarutska, de 23 años y refugiada ucraniana que había huido del conflicto en Ucrania, fue apuñalada mortalmente en un vagón del tren ligero Lynx Blue Line en Charlotte. Las cámaras de vigilancia muestran cómo, pocos minutos después de sentarse, un hombre identificado como Decarlos Brown Jr., de 34 años, se acercó por detrás y la atacó con múltiples puñaladas, incluida una en el cuello.
Zarutska, quien trabajaba en una pizzería local y estudiaba inglés, murió a bordo del tren. Había llegado a Estados Unidos con aspiraciones claras de construir una nueva vida lejos de la guerra en Ucrania.
Brown, con un amplio historial delictivo que incluye al menos 14 arrestos y una condena por robo a mano armada, enfrenta cargos estatales por asesinato en primer grado, además de cargos federales por causar muerte en transporte público, delito que conlleva la posibilidad de cadena perpetua o pena de muerte.
La hermana de Brown señaló que sufre de esquizofrenia paranoide y que creía que Zarutska “leía su mente” o que su cuerpo estaba controlado por fuerzas externas. Defensores del sistema judicial critican que, pese a estos síntomas, Brown fue liberado sin haber completado una evaluación psiquiátrica.
Trump calificó al agresor como un “animal” y exigió un juicio rápido y la pena capital sin lugar a dudas. Lo utilizó además para criticar políticas demócratas consideradas blandas frente al crimen en ciudades gobernadas por demócratas.
La fiscal general de Carolina del Norte, Pamela Bondi, anunció que los encargados de la acusación buscarán las penas máximas, reforzando la intensidad política del caso.
El fiscal federal Russ Ferguson calificó el ataque como un acto contra el “modo de vida estadounidense” y consideró esencial presentar cargos federales para proteger a los usuarios del transporte público. Además, la muerte de Zarutska ha impulsado mejoras en seguridad en el sistema de transporte, incluyendo mayor presencia policial y modernización de cámaras de vigilancia.
