En Puebla, el activismo ha jugado un papel fundamental en la creación y modificación de leyes que buscan proteger los derechos de las mujeres y de las infancias; diversas organizaciones y colectivos han levantado la voz para exigir cambios legislativos que aborden la violencia de género y la protección de las niñas, niños y adolescentes.
Uno de los logros más destacados de esta lucha es la Ley Monzón, que lleva el nombre de Cecilia Monzón Pérez, una abogada penalista y defensora de los derechos de las mujeres que fue asesinada en San Pedro Cholula, Puebla; el principal sospechoso de su feminicidio es su expareja y padre de su hijo, quien, a pesar de estar vinculado a proceso por este delito, inicialmente retuvo la patria potestad del niño. Lo anterior hizo palmario el vacío legal que dejaba desprotegidas a las infancias en casos de feminicidio y, por ende, la urgencia de reformar el marco legal para evitar que los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio quedaran desprotegidos y a cargo de los agresores de sus madres.
Esta situación hizo que la hermana de Cecilia, Helena Monzón, impulsara una reforma a la legislación civil y penal de Puebla, que culminó el 2 de marzo de 2023 con la aprobación de la Ley Monzón, que establece que los padres vinculados a proceso por feminicidio o tentativa de feminicidio contra la madre de sus hijos pierdan automáticamente la patria potestad, tutela, guarda y custodia, así como los derechos de convivencia y alimentos; también impone sanciones de hasta ocho años de prisión y 10 años de inhabilitación a funcionarios que obstaculicen las investigaciones de estos casos.
Posteriormente, se aprobó en Sinaloa, Colima y la Ciudad de México. Además, la propuesta de reforma ha sido presentada en al menos 13 entidades más, incluyendo Baja California, Chihuahua y Quintana Roo. Sin embargo, la disparidad en la aplicación de esta ley entre estados requiere una reforma en el ámbito federal para garantizar una protección homogénea en todo México.
Por tal motivo, el pasado 2 de septiembre de 2025, la diputada federal Nora Merino Escamilla (PT) presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para que los presuntos feminicidas pierdan de manera inmediata la patria potestad al ser vinculados a proceso, con la extinción definitiva de este derecho tras una sentencia condenatoria.
La Ley Monzón representa un avance significativo en la protección de las infancias afectadas por la violencia de género, pero también pone en evidencia los desafíos pendientes en el sistema judicial mexicano, como la falta de protocolos claros entre las fiscalías de los estados, el Sistema DIF y las secretarías de Igualdad para actuar de manera coordinada y garantizar el interés superior de las personas menores de edad.
La propuesta de implementar la Ley Monzón a nivel federal es un paso crucial hacia un México más justo y libre de violencia de género. Pero no basta con reformar las leyes; es necesario fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción del feminicidio, así como garantizar que las instituciones actúen con perspectiva de género e infancia.
La aprobación de esta iniciativa en el Congreso de la Unión tendrá un impacto potencial innegable: proteger a las infancias, honrar la memoria de mujeres víctimas de feminicidio como Cecilia Monzón y avanzar en la erradicación de la violencia de género. La Ley Monzón emana de la tragedia, pero es un símbolo de resistencia, esperanza y lucha de activistas poblanas por la justicia y la igualdad para todo México y, por qué no, también para todo el mundo.
