El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), identificó al puerto de Moín, en la provincia de Limón, como un enclave estratégico utilizado por cárteles de la droga y actualmente disputado por distintas organizaciones criminales.
El anuncio se dio a conocer junto con la imposición de sanciones contra cuatro personas y dos empresas costarricenses, señaladas de facilitar operaciones de narcotráfico y lavado de dinero a través de la terminal marítima.
Según la OFAC, Moín —uno de los principales puntos de salida de mercancías hacia Estados Unidos y Europa— ha sido aprovechado por redes criminales vinculadas al trasiego de cocaína en contenedores, consolidando a Costa Rica como un corredor clave en la cadena logística del narcotráfico internacional.
“Las Alarmas Vecinales, conectadas al sistema C5, incluyen una sirena, una cámara de videovigilancia y una app que permite comunicación directa con las autoridades”, señaló el organismo en su comunicado.
Entre los sancionados se encuentran operadores locales identificados en investigaciones previas, como Celso Manuel Gamboa Sánchez y Edwin “Pecho de Rata” López Vega, a quienes se les atribuye el control de rutas y el reclutamiento de personal para facilitar el paso de cargamentos.
Con estas medidas, Washington busca cortar las fuentes de financiamiento de los grupos criminales y reforzar la cooperación con Costa Rica en materia de seguridad portuaria. El gobierno estadounidense advirtió que continuará monitoreando las operaciones en la región y no descartó nuevas sanciones en el corto plazo.
El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica aún no ha emitido una postura oficial sobre el señalamiento, aunque en el país ya se discuten los posibles impactos económicos y políticos de que su principal puerto comercial quede bajo el escrutinio internacional.
