Publicado originalmente por Alonso Martínez en El País, compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico:
La administración Trump ha dado a conocer una nueva y amplia política migratoria que ordena a los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) examinar más a fondo a los solicitantes a tarjetas de residencia, permisos de trabajo, libertad condicional y ciertos visados. En concreto, la directriz va en busca de indicios de opiniones o asociaciones “antiestadounidenses” (o “antiamericanas”) al momento de decidir si les conceden beneficios migratorios.
La directiva, anunciada esta semana, representa una vasta ampliación de la autoridad discrecional de los jueces del USCIS, y ha suscitado preocupación entre expertos jurídicos y defensores de los migrantes, quienes advierten de que la definición de lo “antiestadounidense” es muy vaga, y que podría atentar contra la libertad de expresión.
Qué hace la nueva directriz
Según el Manual de Políticas actualizado del USCIS, los jueces que revisan las solicitudes de beneficios migratorios tienen instrucciones de sopesar cualquier evidencia de que un solicitante haya “respaldado, promovido, apoyado o defendido de cualquier otra forma ideologías antiestadounidenses”. Esto incluye la actividad en las redes sociales, que se ha convertido cada vez más en un foco de atención de la investigación migratoria durante el segundo mandato de Trump.
La guía especifica que lo antiestadounidense se considerará un “factor abrumadoramente negativo” en los casos discrecionales, incluso si el solicitante cumple con todos los requisitos legales. Esto le da al USCIS una amplia libertad para denegar las solicitudes por motivos subjetivos.
La política también se centra en las asociaciones con grupos terroristas y organizaciones que promueven opiniones consideradas antisemitas, una preocupación de la administración debido a la perspectiva pública de la ofensiva de Israel en Gaza. Se instruye a los funcionarios para que, al tomar decisiones, consideren si un solicitante ha participado o apoyado el “terrorismo antisemita” o ha defendido ideologías antisemitas.
El vocero del USCIS, Matthew Tragesser, defendió los cambios, con el argumento de que son necesarios para proteger la integridad de la inmigración en Estados Unidos. “Los beneficios de Estados Unidos no deben otorgarse a quienes desprecian al país y promueven ideologías antiamericanas”, afirmó. “Los beneficios de la inmigración, incluyendo el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos, siguen siendo un privilegio, no un derecho”.
¿Qué es “antiestadounidense”?
Uno de los aspectos más controvertidos de la política es la falta de una definición clara de lo que constituye lo “antiestadounidense”. Históricamente, la ley de inmigración de Estados Unidos ha prohibido la naturalización de quienes defienden el comunismo, el totalitarismo o el derrocamiento violento del gobierno. Pero los críticos señalan que Trump ha aplicado repetidamente la etiqueta de “antiamericano” para describir a historiadores que documentan la esclavitud, a museos que abordan la injusticia racial y a estudiantes que protestan contra las acciones militares de Israel en Gaza.
Las nuevas normas se producen tras meses de gran tensión en torno a las protestas en los campus y los visados para estudiantes internacionales. A principios de este año, miles de visados para estudiantes fueron revocados o retrasados después de que el Departamento de Estado implementara nuevos protocolos de verificación en las redes sociales.
Los partidarios argumentan que la directiva es una medida de protección sensata para evitar que personas hostiles hacia Estados Unidos se aprovechen del sistema de inmigración. Señalan el creciente uso de los programas de libertad condicional, ampliados bajo la administración Biden, como ejemplo de políticas que, según los funcionarios de Trump, han sido objeto de abuso. Los funcionarios del USCIS ahora también revisarán si las solicitudes de libertad condicional contienen información “falsa o fraudulenta”, otro factor que podría dar lugar a la denegación.
Por su parte, los defensores de la inmigración y expertos jurídicos han expresado su alarma, y se ha comparado la política con las tácticas del “miedo rojo” de la década de 1950, durante la cual se espió y se puso en listas negras a personas que fueran sospechosas de tener afiliaciones comunistas.
También se teme que la ampliación de la investigación en las redes sociales pueda castigar a los solicitantes por sus expresiones políticas, incluidas las críticas a las políticas del Gobierno estadounidense. Dados los recientes esfuerzos de la administración por reprimir el activismo propalestino, a algunos les preocupa que la directiva pueda afectar de manera desproporcionada a estudiantes, académicos y activistas.
La política se produce en medio de los esfuerzos más amplios de Trump por restringir no solo la inmigración ilegal, sino también la legal. Hace unos días, su administración amplió la evaluación de la “buen carácter moral” en los casos de naturalización.
