Publicado originalmente por Carolina Mello en El País, compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico:
La Fiscalía de Ecuador ha abierto una investigación por presunto abuso sexual contra un sacerdote de la comuna de Olón, una pequeña localidad turística en la costa del país. El caso se activó tras un incidente ocurrido la noche del viernes 15 de agosto, cuando una pareja observó al religioso entrar a la casa pastoral, ubicada detrás de la iglesia principal, acompañado de un adolescente de unos 15 años. Les llamó la atención que no era una reunión eclesiástica ni una hora habitual de catequesis. Preocupados por la situación, decidieron tocar la puerta. Al ingresar, encontraron al sacerdote en compañía de tres adolescentes. Uno de ellos estaba en ropa interior.
La pareja confrontó al religioso y le cuestionó el comportamiento. El cura, según testigos, respondió con calma. “¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?”, repetía, según relata Sybel Martínez, directora de la Coalición de Lucha Contra la Violencia en Espacios de Fe (Covsfe), organización que ha acompañado el caso y lo hizo público.
Un fragmento del encuentro quedó registrado en un video difundido por el colectivo. En las imágenes, el sacerdote, vestido con pantalón corto y camiseta, aparece junto a uno de los adolescentes, mientras intenta responder a los reclamos de varios vecinos que se acercaron al lugar. Su actitud, sin embargo, no cambia: “¿Quieren seguir lanzando la piedra? Láncenla. Yo no tengo ningún problema. En mi conciencia, yo no he hecho nada”, repite, esbozando una sonrisa.
Ante los cuestionamientos por la presencia de menores en su habitación, el sacerdote respondió: “Sí, ellos vienen. Yo no lo voy a negar. Son amigos, son acólitos, vienen en paz. Aquí todos son libres. Yo no tengo a nadie retenido”.
“¡Pero son menores de edad!”, exclamó una de las personas presentes. “¡¿Qué hacen en bóxer en su cuarto?!”, insistió la mujer que lo había seguido desde la entrada de la casa pastoral. El sacerdote no ofreció una explicación concreta. “¿Quiere que les dé una explicación? Esa no es la manera”, dijo mientras sonreía.
La Policía acudió al lugar tras el reporte de la comunidad, pero no detuvo al sacerdote. Fue recién al día siguiente cuando la Fiscalía anunció, a través de redes sociales, la apertura de una investigación por presunto abuso sexual a menores de edad.
Desde entonces, el sacerdote —identificado como D. Sosa- permanece bajo investigación. La Arquidiócesis de Santa Elena, a la que pertenece la parroquia de Olón, emitió un comunicado en el que informa que el religioso ha sido separado temporalmente de sus funciones pastorales mientras duren “las investigaciones civiles y canónicas”. Además, aseguró que se han activado los protocolos establecidos por la Iglesia para la protección de posibles víctimas.
Para Sybel Martínez, sin embargo, estas medidas no garantizan una respuesta efectiva ni una reparación real. “Hay una recurrencia en el accionar de ciertas autoridades eclesiales en casos como este, cuando hay denuncias, simplemente trasladan al sacerdote a otra parroquia, sin ofrecer explicaciones ni asumir responsabilidades”, afirma.
Martínez asegura que la Iglesia ha convertido algunos territorios aislados en verdaderos refugios para encubrir a sacerdotes denunciados por abuso sexual. Menciona las islas Galápagos como uno de esos destinos. “La usan como su basurero”, dice con crudeza. Uno de los casos más estremecedores se conoció en 2024, tras el suicidio de ‘Ricardo’, un exfuncionario de la Asamblea Nacional que se lanzó desde la terraza del edificio legislativo. Antes de morir, dejó una carta en la que relataba los 36 años de sufrimiento que arrastraba por los abusos cometidos en su infancia por el sacerdote F.G. Cadena, quien —pese a la denuncia— fue enviado a servir como párroco precisamente en Galápagos.
No es el único caso donde Ecuador aparece como refugio. Una investigación conjunta de EL PAíS y el programa Report München, de la televisión pública alemana ARD, reveló en 2022 cómo Emilio Stehle, un prestigioso teólogo y obispo alemán fallecido en 2017, permitió la llegada al país de al menos una veintena de sacerdotes con antecedentes de abuso sexual. Stehle, quien fue obispo durante 15 años en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, todavía es recordado como una figura ejemplar, en su honor hay una calle, un monumento y una escuela con su nombre.
“Los pedófilos buscan lugares desestructurados, con pobreza extrema y poca vigilancia institucional. Eso les permite hacer de las suyas”, explica Martínez. Según información levantada por Covsfe, el sacerdote D. Sosa, hoy bajo investigación en Olón, pertenecía originalmente a la arquidiócesis de Quito y había solicitado ser trasladado a la comuna costera, una zona con altos niveles de vulnerabilidad social.
Tampoco es la primera vez que Sosa es señalado. En la vecina comunidad de Manglaralto, donde ejerció anteriormente, varios vecinos manifestaron su incomodidad ante su cercanía con niños y adolescentes. “Un hombre lo vio en un carro con una niña y lo golpeó. Otro lo sorprendió con una menor sentada en sus piernas. Incluso, un niño de unos diez años llegó a casa a las once de la noche, bañado y con una prenda del sacerdote”, relata Martínez.
Pero pese a la denuncia, la reacción de la comunidad de Olón fue dividida. Al día siguiente del incidente que activó la investigación de la Fiscalía, el sacerdote ofreció declaraciones a medios locales en la iglesia, acompañado por las madres de dos de los adolescentes que estuvieron con él esa noche, una señal de respaldo interpretado por el sacerdote.
“Me da mucha indignación que personas mal intencionadas quieran perjudicar al padre”, salió en defensa Mariana Rocafuerte, madre de uno de los adolescentes de 15 años que estaba en la casa pastoral esa noche. “No es la primera vez que nuestros hijos están con el padre, mi hijo es uno de los primeros monaguillos, el padre siempre ha sido llamado para los niños. Pero tenemos un Dios que lo sabe todo”, dice la madre.
Para Covsfe, se trata de un patrón que se repite en casi todos los casos que han registrado. “La confianza es una vía regia para los pederastas. Saben cómo ganársela, sobre todo cuando se trata de figuras religiosas. En lugar de generar alarma, su comportamiento genera tolerancia. Es el curita, el santo, del que no se puede sospechar porque ayuda, porque parece bueno”, reflexiona Martínez. La falta de formación social en prevención de abusos sexuales también agrava el problema. En Ecuador, el 65% de los casos denunciados por abuso sexual a menores fueron cometidos por familiares o personas del entorno cercano.
Covsfe ha logrado documentar 13 casos de abuso sexual cometidos por clérigos, denunciados tanto ante la Fiscalía como ante las autoridades eclesiásticas. Sin embargo, enfrentan obstáculos estructurales: la lentitud de los procesos judiciales, la opacidad de las instituciones religiosas y, en algunos casos, las amenazas que han recibido víctimas y familiares. “Es un patrón: guardar, ocultar, silenciar y comprar conciencias”, denuncia Martínez.
El único caso en que la propia Iglesia interpuso una denuncia ante la justicia ocurrió el 20 de mayo de este año, cuando el arzobispo de Quito, Alfredo Espinoza Mateus, presentó una acusación contra el párroco de Solanda, al sur de la capital. “Fue después de mucha presión. Es el único caso en que una autoridad eclesiástica ha actuado por iniciativa propia. Podría ser emblemático si logra avanzar”, concluye
