La independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación está a punto de llegar a su final. Nuestro sistema de justicia ya se encuentra colapsado, pero a partir del 1 de septiembre vendrán tiempos aún más oscuros. Ese día se renueva el Poder Judicial de la Federación: jueces y magistrados con décadas de experiencia dejarán sus cargos para ser sustituidos por quienes resultaron electos en la reciente farsa electoral.
El vacío de la transición
¿Qué significa esto para los ciudadanos? Que los tribunales federales —juzgados de distrito y tribunales colegiados— entrarán en un profundo hoyo negro. Los jueces y magistrados actuales entregarán sus puestos a personas que nunca han dictado una sentencia ni conocen la complejidad de impartir justicia. Su experiencia de vida no guarda relación alguna con el ejercicio jurisdiccional.
A ello se suma que la adscripción de jueces y magistrados dependerá de un ente inédito: el Órgano de Administración Judicial, facultado para administrar la carrera judicial (salvo en la SCJN y el Tribunal Electoral), y garantizar su independencia e imparcialidad. Estará integrado por cinco miembros: tres designados por la Suprema Corte, uno por el Senado y uno por el Presidente de la República. Todos durarán seis años y la presidencia será rotativa cada dos.
El problema es que, llegado el primero de septiembre, ese órgano aún no existirá en la práctica. Los jueces y magistrados no tendrán adscripción formal, y en la confusión, entregarán los asuntos a secretarios judiciales por ministerio de ley. No habrá continuidad en la impartición de justicia: el rezago aumentará y los justiciables quedarán en el limbo.
El trasfondo político
Este colapso no se entiende sin el encono entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para el presidente López Obrador, las resoluciones del Pleno iban “contra el pueblo”. Pero la Corte no está para satisfacer a nadie, sino para defender la Constitución, la legalidad y la legitimidad.
Con el ministro Zaldívar, hubo presión del Ejecutivo sobre algunos jueces. Con la llegada de la ministra Norma Piña, esa presión terminó: defendió a capa y espada la independencia judicial, lo que desató el choque frontal entre el Ejecutivo y el Judicial. El resultado fue esta reforma judicial funesta, que rompe con la división de poderes y somete al PJF a los intereses presidenciales.
Las falacias de la reforma
Los oficialistas argumentan que la elección de jueces y magistrados les dará legitimidad popular. Pero con apenas un 11% de participación ciudadana, carecen de cualquier legitimidad real. En democracia, la legitimidad judicial no se obtiene por voto, sino por idoneidad, preparación e independencia.
Se sostiene también que ahora “sí se castigará a los delincuentes”. En realidad, al no tener experiencia ni formación, los nuevos juzgadores violarán derechos fundamentales para cumplir con directrices políticas. Lejos de disminuir la corrupción, se profundizará, afectando sobre todo a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Lo que perderemos
Durante los últimos 30 años, jueces, magistrados y ministros se enfrentaron a un panorama adverso: fiscalías mal integradas, peritajes deficientes, instituciones de seguridad coludidas con el crimen. Aun así, defendieron en la medida de lo posible la independencia judicial. A partir del 1 de septiembre, esa independencia desaparecerá y la justicia quedará supeditada a los intereses de los Ejecutivos federal y estatales.
La reforma no democratiza ni fortalece al Poder Judicial: lo politiza y lo subordina. El derecho de acceso a la justicia se postergará aún más; los sectores vulnerables se verán cada vez más alejados de ella, mientras que quienes puedan acceder enfrentarán una justicia lenta y controlada desde Palacio Nacional.
Hipócrita lector, seremos testigos de la última sentencia dictada por jueces de carrera, por jueces y magistrados preparados, ¡con visión, experiencia y conocimiento de la ley!
