Cuando se habla de justicia en México pasan las horas, los días, las semanas y nada pasa.
O muy poco.
Apenas el jueves conocimos los resultados de la segunda autopsia que le practicaron al cuerpo de Debanhi Escobar, la estudiante de 19 años, de Nuevo León, que estuvo desaparecida durante 13 días y 13 noches.
Lo conocimos porque su familia no se resignó nunca a la “verdad oficial”, la que las autoridades quisieron imponer y tenía que ver con un penoso, lamentable accidente.
Porque su familia no aceptó nunca los resultados de investigaciones deliberadamente incompletas y erróneas que sólo pueden llevar a conclusiones deliberadamente incompletas y erróneas.
Porque tuvieron el valor para contratar a peritos independientes.
Porque la mentira, el engaño, la manipulación, la utilización del dolor no pueden ser nunca instrumentos para alcanzar la verdad.
Debanhi no murió. La mataron.
Lo intuíamos todos.
Lo sabíamos todos.
Claro, menos Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, el fiscal de Nuevo León, y sus secuaces.
Ya en la semana Guerrero Gutiérrez había sostenido un duro enfrentamiento con Samuel García, el gobernador, pero no por el caso de Debahni, sino por el de Yolanda Martínez, quien también estuvo desaparecida hasta que encontraron su cuerpo.
A través de videos se acusaron de esconder pruebas, por un lado, y de utilizar a las víctimas, por el otro.
Acompañado del padre y del hermano de Yolanda Martínez, el martes Samuel García, fiel a su estilo tiktokero, grabó un video contra la Fiscalía en el que denunció que la familia no había recibido la carpeta de investigación. “Ya estamos hartos de excusas, de términos jurídicos legaloides, para evitar dar la cara, de que escondan las pruebas y no digan la verdad”.
La respuesta también llegó a través de un video, pese a que el fiscal lamentó que “se usen las redes sociales cuando existen medios oficiales para ello”.
No sólo eso. Guerrero Gutiérrez acusó al gobernador de “usar mediáticamente a las víctimas de forma constante y ponerlas frente al juicio del pueblo sin respetar su dolor y con un fin que, obviamente, no es la búsqueda de la justicia”.
A la Fiscalía, le dijo, “le toca investigar la causa de la muerte violenta de las mujeres y a usted, señor gobernador, como responsable de la seguridad del estado, le toca protegerlas y evitar su muerte”.
El fuego cruzado entre ambos personajes fue bochornoso.
Ni la familia de Debanhi ni la de Yolanda merecen a estos personajes de caricatura. Tampoco los neoleonenses.
Dos apuntes adicionales, pero necesarios: el fiscal de Nuevo León, quien habla de investigar las causas, pero no de llevar ante la justicia a los responsables de las muertes de mujeres, fue nombrado en 2018 por el Congreso local a propuesta del entonces gobernador Jaime Rodríguez, El Bronco, hoy preso gracias a sus buenos oficios.
El otro apunte: apenas unas horas después de su encontronazo con Samuel García, la Fiscalía de Nuevo León deslizó que Yolanda Martínez se habría suicidado.
¿Eso dice la autopsia? No. Eso se desprende de una carta que habría aparecido cerca de donde encontraron su cuerpo (cuya letra el padre no reconoce como la de su hija) y de dos botes con insecticida.
Cuánta miseria. Cuánta insensatez.
Tan sólo en este año, en Nuevo León tienen registradas las desapariciones de 57 mujeres. Otras 56 han sido asesinadas.
Antes la sociedad aspiraba a que sus fiscales fueran de hierro, implacables, intachables en su proceder. Hoy casi todos son de paja.
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Al menos un hilo de esperanza quedó en el caso de Ángel Yael Ignacio Rangel, de 19 años, quien fue asesinado de un tiro en la cabeza por un Guardia Nacional.
Era, como se dijo aquí, sospechoso de nada.
Estaba dentro de una camioneta estacionada con dos amigos de la Universidad de Guanajuato frente a la ex Hacienda El Copal, en Irapuato, donde los estudiantes de Agronomía hacen sus prácticas, y un agente de la corporación abrió fuego contra ellos apenas se pusieron en movimiento. En esos hechos resultó herida de bala Edith Alejandra Carrillo, quien recientemente fue dada de alta.
¿Por qué entonces tenemos un hilo de esperanza?
Porque el responsable de los hechos había sido increíblemente liberado, y ahora está detenido y bajo proceso.
Matar no debe ser gratis.
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En Puebla las cosas no están mejor. El caso de Ángel Gabriel Sánchez Sánchez, de 12 años, encontrado sin vida en un canal de aguas negras en Valsequillo, así como el papá y un amigo de éste, tiene pocos avances.
Tampoco se sabe nada de la desaparición, el 1 de mayo, en Coronango, de los hermanos Moreno: Israel, Brayan y Adolfo. Tienen 24, 17 y 16 años. Fueron a un bar en la zona de Misiones de San Francisco. No han vuelto a su casa.
Tampoco existe certeza de que los restos encontrados la semana pasada en Papalotla, Tlaxcala, sean de ellos. Sigue su búsqueda.
No menos graves son los hechos ocurridos el lunes de hace ocho días en Coyomeapan. Dos adultos y un menor murieron en un enfrentamiento con policías estatales. Cuatro personas más fueron heridas.
No se trató de un enfrentamiento con la delincuencia común, sino de un conflicto poselectoral en el que hubo manos interesadas que prendieron la mecha.
El gobierno estatal ofreció que no habrá impunidad.
Sería imperdonable que la hubiera.
