El diputado panista Jorge Romero aseguró que renunciaría si se demostraba que la reforma a la ley de telecomunicaciones permitía espionaje a ciudadanos. El análisis jurídico confirmó que la norma no autoriza el espionaje, sino únicamente la geolocalización con orden judicial, algo que ya contemplaba la legislación previa. Sin embargo, Romero no ha cumplido su promesa de renuncia.
Ante los señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó con firmeza cualquier acusación de espionaje político por parte de su gobierno. “No somos iguales”, remarcó, en referencia a gobiernos pasados, y señaló que “ni amas de casa serán espiadas ni vinculadas al SAT” sin justificación, esto último dicho debido a las afirmaciones de una periodista.
Sheinbaum cuestionó la postura del PAN, de la que dijo exhibe “hipocresía” y calificó como una estrategia mediática. Señaló que “cuando sus gobiernos sí espiaban, abrían expedientes incluso contra niños por su vínculo con el 68”, refiriéndose a un expediente abierto por la Federal de Seguridad contra su familia cuando ella era niña.
La mandataria afirmó que en su administración no se requiere recurrir al espionaje porque existe transparencia, las ruedas de prensa matutinas y el diálogo abierto con la ciudadanía.
El debate político generado por la reforma a la ley de telecomunicaciones se agudiza en medio de acusaciones cruzadas entre PAN y gobierno, con argumentos jurídicos y experiencias históricas que ponen en tensión la responsabilidad y la ética institucional.
