El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ordenó este miércoles a la Universidad de Harvard entregar documentos sobre sus estudiantes extranjeros, luego de que la institución se negara a hacerlo de manera voluntaria.
La orden, emitida mediante un requerimiento administrativo, representa un nuevo episodio en el enfrentamiento entre el Gobierno de Donald Trump y las universidades del país. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dependiente del DHS, solicitó a Harvard que le remita documentación “relevante” sobre los estudiantes internacionales desde el 1 de enero de 2020, con el objetivo de garantizar el “cumplimiento de las leyes de inmigración”.
“Harvard, como otras universidades, ha permitido que los estudiantes extranjeros abusen de sus privilegios de visado y defiendan la violencia y el terrorismo en los campus”, afirmó Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del DHS. Además, acusó a la universidad de haber “rechazado cooperar” en solicitudes anteriores.
La tensión ha ido en aumento desde que Harvard fue incluida en informes del Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo, una entidad creada por la administración Trump, que acusó a la universidad de aplicar “discriminación positiva” y limitar lo que el Gobierno considera una “diversidad de ideas”.
Según el diario estudiantil Harvard Crimson, la universidad entregó documentos en abril y mayo, pero el Gobierno los calificó de insuficientes. Como respuesta, ordenó suspender sus programas de intercambio y vetar a estudiantes y académicos extranjeros. Ante esta medida, Harvard presentó una demanda en junio y una jueza federal bloqueó indefinidamente la ejecución del veto mientras continúa el litigio.
Un portavoz de Harvard calificó la exigencia del DHS como “injustificada” y una forma de “represalia” por la defensa que la institución ha hecho de su autonomía. Reiteró además el compromiso de la universidad con la legalidad, aunque denunció las “extralimitaciones” del Gobierno en cuanto a las decisiones sobre admisión, contratación y libertad académica.
En paralelo, Harvard también ha llevado al Gobierno ante los tribunales para recuperar su financiación federal, congelada desde abril. Se trata de unos 2,000 millones de dólares retenidos bajo acusaciones de conductas antisemitas, que la universidad niega categóricamente.
El DHS concluyó que el requerimiento administrativo es su “única opción” para obtener los documentos exigidos, y advirtió que otras instituciones académicas “deben tomar nota” de lo ocurrido con Harvard y considerar las posibles repercusiones de no cooperar.
