El Gobierno de Sudán del Sur confirmó este miércoles la llegada de ocho personas deportadas desde Estados Unidos, entre ellas Jesús Muñoz Gutiérrez, un mexicano condenado a cadena perpetua por asesinato en segundo grado en Florida. Los deportados, que estuvieron retenidos en una base militar estadounidense en Yibuti desde finales de mayo, llegaron al Aeropuerto Internacional de Yuba el pasado 5 de julio. La repatriación fue facilitada por las autoridades estadounidenses en cumplimiento de los procedimientos estándar de repatriación.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán del Sur emitió un comunicado en el que detalló que los deportados están bajo un proceso de selección y supervisión de las autoridades locales, de acuerdo con la legislación nacional y las normas internacionales. De los ocho migrantes, solo uno es nacional de Sudán del Sur; los demás provienen de Cuba, México, Laos y Myanmar.
El mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez, arrestado el 12 de mayo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), es identificado como un miembro sin rango de la pandilla “Brown Pride”. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, Tricia McLaughlin, defendió la deportación, aludiendo a las demoras judiciales causadas por jueces que, según ella, pusieron en peligro la seguridad pública. En su declaración, McLaughlin afirmó que la deportación de los ocho individuos, “delincuentes indocumentados tan atroces que ni siquiera sus propios países los aceptan”, era una acción necesaria para salvaguardar la seguridad nacional.
El caso de los deportados estuvo marcado por la intervención del juez Brian Murphy, quien había bloqueado previamente las deportaciones a países terceros sin el aviso adecuado. Sin embargo, en junio, el alto tribunal estadounidense levantó el bloqueo, ratificando su decisión con siete votos a favor y dos en contra. Como resultado, el Departamento de Seguridad Nacional procedió con la deportación en un vuelo especial el 5 de julio.
Sudán del Sur, país marcado por tensiones políticas y un bajo índice de desarrollo económico, aceptó la repatriación en virtud de su compromiso con la cooperación internacional y la responsabilidad humanitaria. En su comunicado, el gobierno subrayó que la medida estaba alineada con los vínculos históricos y políticos con los países de origen de algunos de los deportados, destacando que este gesto fue realizado en un espíritu de respeto mutuo y solidaridad.
El gobierno de Sudán del Sur no abordó directamente las preocupaciones sobre los antecedentes penales de los deportados. Sin embargo, informes no confirmados sugieren que algunos de ellos tienen antecedentes criminales en Estados Unidos. La decisión se produce en un contexto de creciente presión sobre las políticas migratorias de la administración estadounidense de Donald Trump, quien ha continuado promoviendo expulsiones masivas como parte de su agenda de deportaciones.
En medio de las críticas a la política de “deportaciones exprés”, diversos grupos han señalado que este tipo de decisiones pueden violar derechos básicos, como el derecho al debido proceso.
