La noche del 4 de julio, un ciudadano estadunidense llamado Stanley fue a cenar con su esposa a Plaza Solesta.
Cuando iban de salida del estacionamiento subterráneo —a bordo de una camioneta Volkswagen Taos (color verde, placas UCF206B), fueron interceptados por dos tipos que, para variar, viajaban en una motocicleta.
Poco antes de la comida, Stanley, de 35 años de edad, había comprado un reloj Cartier en la zona de Angelópolis.
Ese mismo reloj era el objetivo de los personajes a bordo de una moto.
Para quitarle el Cartier, uno de los agresores forcejeó con Stanley.
Y como éste se resistía al asalto, sobrevino un disparo.
Y luego otro.
Y otro.
La fuga de los tipos a bordo de una moto se dio en cosa de segundos.
Stanley, herido de gravedad en el brazo y en la espalda, fue trasladado por su esposa a un hospital en la zona de Angelópolis.
Ahí se encontraron con una novedad: para que fuera atendido, tendría que haber un depósito de por medio.
La esposa de Stanley argumentó que en ese momento no podía hacerlo, pero que pagaría después.
Y mientras Stanley se desangraba, la burocracia administrativa dijo que no, imposible, que el depósito era indispensable.
Media hora después, Stanley falleció.
¿Cómo se llama la obra?
¿Miseria humana?
Algo hay que agregar:
Los agresores de la moto —siempre hay una moto con dos personajes a bordo en estos crímenes— siguieron a Stanley y a su esposa desde que compraron el reloj.
Y más: fueron tras ellos cuando cruzaron a Solesta, cuando ingresaron al restaurante, cuando salieron del mismo, cuando bajaron al estacionamiento.
Ufff.
Demasiada sangre fría.
Y una paciencia de profesionales para consumar un atraco que terminó en crimen.
¿Y qué decir de la negativa de la gente del hospital y esa absurda alternativa?
O pagas o pagas.
O depositas o no hay atención para el herido de muerte (por muy grave que se encuentre).
¿Quién tiene más fría la sangre?
¿El asesino o la administración del hospital?
Qué triste.
Qué asco.
Cuánta miseria humana acumulada.
Nota no tan bene: el secretario de Seguridad Pública de Puebla, vicealmirante Francisco Sánchez González, atribuyó el crimen a una banda delictiva —de origen extranjero— dedicada al robo de relojes de lujo.
La seguridad privada de Plaza Solesta no colaboró suficientemente, lo que dificultó las investigaciones.
Uno de los agresores vestía una playera amarilla y casco; el otro llevaba una playera negra sin casco, según grabaciones de las cámaras de seguridad.
Stanley sólo tenía 35 años de edad.
