La justicia sigue en punto muerto.
Como el país.
Quienes le arrancaron la vida a Debanhi Escobar, de 18 años, en Nuevo León; a Ángel Yael Ignacio Rangel, de 19, en Guanajuato, y a Ángel Gabriel Sánchez Sánchez, de 12 años, en Puebla, están libres.
Felices, felices, felices.
¿Y cómo no?
Matar en México es gratis.
En al menos dos de los casos, en el de Debanhi y en el de Ángel Yael, el presidente de la República se dijo consternado y ser el principal interesado en que sean resueltos
No sólo eso, pidió, casi exigió, que los responsables sean llevados de inmediato ante la justicia.
¿Y entonces?
¿Por qué no le hacen caso?
¿Qué más se necesita para que la simple mención, la instrucción del jefe del Ejecutivo, sea cumplida sin demoras de ningún tipo?
¿No toman nota los responsables de las áreas involucradas?
¿No lo hacen los gobernadores y sus fiscales (también autónomos, independientes, soberanos)?
¿No les importa a los agentes del Ministerio Público?
¿A los jueces?
¿Al presidente de la (Tremenda) Corte?
Si bien el presidente no se refirió directamente a la muerte del poblano Ángel Gabriel Sánchez sí habló del posible origen de ella: el huachicoleo.
Lo dijo aquí, en Puebla, porque sabe que esa actividad ha golpeado durísimo en distintos municipios de la entidad y sigue sin detenerse a pesar de los esfuerzos.
Sabe que las redes mafiososas, apoyadas por políticos locales y regionales sin escrúpulos, del pasado y algunos del presente, representan una parte importante del saqueo a la Nación que significa el robo de dos importantes hidrocarburos: gasolina y gas.
O es que ellos, los grupos delictivos, que atracan a la Nación, ¿no son traidores a la patria?
Esos grupos no sólo roban a todos los mexicanos, sino que no les importa pasar por encima de todos.
No hay víctimas colaterales de su actividad. Son víctimas necesarias con las que se imponen a la ley y al Estado de derecho.
¿Hasta cuándo los frenarán?
El presidente fue enérgico. Llamó en Puebla dejar de colaborar con los grupos delincuenciales, que eviten convertirse en sus aliados y cómplices.
Que ya está bien que una parte de la sociedad los legitime, les dé cobertura y respaldo.
¿Cuáles derechos?
De los tres casos resulta increíble que un juez federal ni siquiera haya vinculado a proceso al asesino material de Ángel Yael Ignacio Rangel, el estudiante de Agronomía de la Universidad de Guanajuato, cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, a la que está adscrita la Guardia Nacional, reconoció que uno de sus agentes había disparado contra los estudiantes. Mató a Ángel e hirió a Alejandra Carrillo, que también viajaba en ese vehículo, cerca de Irapuato.
Luis Felipe Guerrero, el rector de esa casa de estudios, sostuvo desde el primer momento del crimen que no hubo un “uso desproporcionado de la fuerza” porque los disparos de la Guardia Nacional no fueron en respuesta a una agresión: “Fue un asesinato”.
Por eso resulta increíble que un juez federal no vinculara a proceso al agente detenido, señalado por la propia dependencia a la que pertenece, y que lo haya dejado en libertad.
Y más.
Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos siga en su papel: desaparecida.
El organismo que preside Rosario Piedra Ibarra hace tiempo que perdió la brújula.
La CNDH, hay que decirlo, nunca ha estado en la consideración de los mexicanos por una simple razón: nació para defender a la sociedad de los abusos del poder pero nunca dejó de ser un instrumento del poder.
Cuando en 1999 se le dotó de autonomía presupuestaria y de gestión, su desvinculación del Poder Ejecutivo fue sólo una ilusión.
Nunca ha tenido dientes. Sus resoluciones son morales o éticas en la mayoría de los casos.
Así sigue hasta hoy. Con o sin Cuarta Transformación.
Su inutilidad no se transformó, permaneció intacta.
Sobre el caso de Ángel Yael su actuación es más que lamentable. Se concretó a enviar un comunicado de tres párrafos. Nada qué destacar de ellos, salvo que de manera tibia reprueba los hechos.
En cambio, mucho más interesada se mostró por un pleito de verdulería entre dos particulares: El periodista (eso dice) Vicente Serrano y al actor (eso dice) Héctor Suárez Gomiz.
En este caso no reprueba, sino que va más allá: “Condenamos la agresión física… por el disentimiento de opiniones; de manera inmediata solicitamos al mecanismo de SEGOB el fortalecimiento de su esquema de protección”.
Tal cual.
Qué pena.
El organismo encargado de la defensa de los derechos humanos anda en el chacoteo, en pleitos de la prensa rosa, no de los que importan de verdad a los mexicanos.
Es obvio que el de Ángel Yael es el más grave de los tres porque su muerte fue provocada por un funcionario público, en este caso de la Guardia Nacional, aunque los otros dos también merecerían la competencia del organismo porque los familiares de las víctimas no sólo no han recibido la atención que merecen sino que han sido engañados, manipulados, utilizados por parte de las autoridades correspondientes.
Y, sobre todo, porque ninguno de los tres casos ha sido esclarecido a plenitud y los culpables siguen libres.
Lo más notable que sabemos de la CNDH desde que asumió el cargo Rosario Piedra es que tenía en el refrigerador principal de sus oficinas una enorme variedad de cortes da carne. Vamos, que prefería comer en sus instalaciones, como si estuviera en casa, pero con cargo al erario.
Y nada más.
¿Para qué demonios queremos entonces un organismo, pagado con los impuestos de los mexicanos, que tendría que defender sus derechos de los abusos de la autoridad y se pasa su obligación por el Arco del Triunfo?
