Es realmente inaceptable el gran deseo que tiene el gobierno por un control absoluto sobre todas y todos los mexicanos. En este sentido, su patológica proclividad por invadir la privacidad de la ciudadanía es una franca violación al derecho absoluto que tienen todas las personas como un derecho fundamental que abarca diversas dimensiones protegidas tanto constitucionalmente como en los tratados internacionales e integra múltiples aspectos de la vida privada, familiar, personal y de comunicaciones de las personas.
LA LEY ESPÍA
El gobierno federal envió al Congreso de la Unión dos iniciativas de reforma para que la Cámara de Diputados aprobara la creación de dos nuevas leyes que modifican el modelo de seguridad pública en México y, a su vez, refuerzan las capacidades de inteligencia del gobierno federal, estas son: La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Huelga decir que la aplanadora oficialista aprobó estas dos nuevas leyes, mientras que la oposición encabezada por el PAN argumentó que estas leyes podrían terminar en un “espionaje de Estado”.
En este sentido, se ha cuestionado sobremanera el artículo 26 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que otorga facultades para que el gobierno, sin que medie control judicial alguno, pueda acceder a todos los datos personales de algún ciudadano en ciertos casos, pero no se explica cuáles podrían ser esos casos. Esto significa que el gobierno puede hacer lo que quiera sin que exista la participación judicial.
Asimismo, se cuestiona el artículo 32 de dicha ley. En el artículo 32 encontramos que está relacionado con la protección de los datos personales, existe la pretensión de vigilar y controlar a los ciudadanos, pues se viola la privacidad y la libertad que tienen todas y todos los ciudadanos de la protección a sus datos personales. Debemos tener en cuenta que la protección de los datos personales es un derecho humano que está vinculado a la protección de la privacidad.
Bajo este contexto, no se puede dejar de lado el artículo 160 de la Ley de Telecomunicaciones que contribuye a la percepción de un Estado espía, pues permite al gobierno tener la ubicación en tiempo real de todas las personas. Esto francamente no es seguridad, esto llanamente es control total. Y eso es de un Estado totalitario que demuestra un claro desdén por la libertad, la privacidad de las personas.
El gobierno podrá intervenir los mensajes, las llamadas, los correos electrónicos sin que exista ninguna orden de un juez. Todo esto atribuido a la seguridad nacional, pero la realidad es que es una vigilancia sin límites, sin control alguno. Ya no se requerirá ser sospechoso, solamente bastará con ser una persona incómoda al poder. De tal manera que no es protección, es simplemente control. La sociedad en general debe ver que la privacidad forma parte de la libertad, sino se cuida y se protege la privacidad, estaremos perdiendo libertad y mañana ya todo estará perdido.
En cuanto a la Ley de Inteligencia hay tres artículos que asustan mucho, pues le dan pauta al Estado para que pueda espiarnos sin que exista ninguna orden judicial de por medio. Estos artículos son: el artículo 50 que le da la facultad al gobierno que les pida a las operadoras toda la información en tiempo real de las personas (considérese llamadas, ubicación, chats); el artículo 51 donde se le permite al gobierno que pueda interceptar las comunicaciones de cualquier persona, sin que se especifique en qué casos y sin ninguna orden judicial, y el artículo 55 que la información de cualquier persona se guarda por 15 años. Lo que se busca realmente es institucionalizar el espionaje gubernamental.
LA CURP BIOMÉTRICA.
Dentro de este cúmulo de nuevas leyes y de reformas con el objetivo soterrado de tener un control absoluto sobre la sociedad y vigilar permanentemente a ésta, la Cámara de Diputados aprobó, usando otra vez su aplanadora legislativa, la Ley General de Población que crea la nueva CURP biométrica, la cual contendrá las huellas dactilares y la foto de manera obligatoria. El Ejecutivo federal y el partido oficial han argumentado que el propósito de esta CURP biométrica es mejorar la identificación de personas desaparecidas. Esta nueva CURP sustituye a la credencial del INE, será la única fuente de identidad para todas las personas mexicanas y extranjeras que radiquen en el país.
En nuestro país no se cuenta con la infraestructura digital seria que se requiere, por ejemplo: portales seguros, bases de datos robustas y personal capacitado. Téngase en cuenta que es tal la situación que muchos sitios oficiales ni siquiera mantienen certificados SSL. Además de esto, es sumamente peligroso que, al no existir contrapesos reales, pues el Legislativo es un apéndice del Ejecutivo y que el Poder Judicial estará, desde septiembre, sometido, supeditado también al Ejecutivo, con lo que una base de datos que concentre huellas, rostro, salud, finanzas es un botín enorme para convertirse en una herramienta de vigilancia total y absoluta sobre la sociedad en general. No podemos soslayar que ya se han dado situaciones donde los datos sensibles han servido para ser usados con fines políticos o de presión.
Y lo que es un engaño, aunque se solicitará el “consentimiento” o la “autorización” del titular tanto para las transferencias como para el registro directo de sus datos biométricos, esto es una farsa, pues al ser la CURP el único documento de identidad válido y que sirva para realizar cualquier trámite ante un ente público o particular, la persona se verá condicionada para dar su autorización o consentimiento para el tratamiento de sus datos biométricos. Entonces se verá bajo coerción para el ejercicio de derechos, lo cual vulnera el principio de consentimiento.
En realidad, el hincapié en la falta de control judicial es porque el poder judicial quedo a modo del mismo gobierno! ¡¡Al tiempo!!
