Cada junio, las calles de México se tiñen de colores, música y orgullo. El desfile LGBTQIA+ ha dejado de ser solo una manifestación de resistencia para convertirse también en una celebración de la diversidad.
Sin embargo, cuando se apagan las luces y se recogen las banderas, los retos reales —esos que no caben en pancartas ni hashtags— vuelven a ocupar su sitio. La pregunta es clara: ¿cuánto falta para que el orgullo se traduzca en derechos plenos y seguridad cotidiana?
1. Crímenes de odio y violencia estructural
Uno de los pendientes más urgentes es la violencia. El 85% de la población en México considera grave la agresión contra personas LGBTQIA+, y un tercio ha sido testigo directo de alguna situación de violencia o discriminación.
Los transfeminicidios siguen sin tipificarse en la mayoría de los estados, y las fiscalías carecen, en muchos casos, de personal capacitado o protocolos diferenciados. La violencia no solo se vive en las calles, sino también en la omisión institucional.
Mientras no haya justicia ni reconocimiento explícito del odio como móvil, se seguirán acumulando carpetas de investigación sin resolver.
2. Identidad de género: burocracia y exclusión
Aunque 23 entidades federativas permiten el cambio de género por la vía administrativa, aún hay estados donde se exige sentencia judicial, peritajes médicos o incluso cirugía. Esto no solo revictimiza a las personas trans, sino que limita su acceso a educación, salud, empleo o servicios financieros.
La identidad legal no debería depender de una validación médica ni de un juez. La falta de homologación entre entidades genera un mosaico de derechos fragmentados y profundiza la desigualdad.
3. Discriminación cotidiana en escuelas, trabajos y transporte
No basta con aprobar leyes si en la vida diaria persisten las miradas de desprecio, las burlas o el rechazo. La representación LGBTQIA+ en medios de comunicación sigue siendo estereotipada, y los entornos escolares y laborales reproducen dinámicas de exclusión.
Muchas personas LGBTQIA+ deben ocultar quiénes son para sobrevivir profesional o socialmente. Esta discriminación estructural tiene un costo emocional y material que el Estado mexicano no ha sabido abordar con la profundidad que merece.
4. Derechos civiles aún condicionados
El matrimonio igualitario es legal en todo México, pero su aplicación efectiva sigue dependiendo del ánimo político local. En algunas entidades, las parejas del mismo sexo aún enfrentan obstáculos para casarse o registrar a sus hijxs, heredar bienes o acceder a la seguridad social. La “igualdad ante la ley” no siempre se traduce en igualdad en la práctica.
Es necesario blindar los derechos civiles con marcos jurídicos sólidos y con instituciones que los hagan valer.
5. Salud digna e incluyente
La criminalización de la transmisión del VIH y la discriminación en centros de salud continúan siendo una realidad en muchas regiones del país. Aunque existen programas nacionales, su implementación no siempre llega a las comunidades más vulnerables. La capacitación con enfoque de diversidad sigue siendo más una promesa que una política pública transversal.
Y aunque la salud sexual y reproductiva debería ser un derecho universal, en la práctica sigue siendo un privilegio para quienes cumplen con ciertas normas sociales.
6. La interseccionalidad que incomoda
La diversidad dentro de la diversidad también tiene nombre: indígenas, migrantes, personas racializadas, con discapacidad o en situación de pobreza, que además son LGBTQIA+. Estas identidades múltiples enfrentan formas de discriminación acumulada y, en muchos casos, permanecen invisibles dentro de las propias luchas del movimiento.
Mientras las políticas públicas no consideren esta intersección, los programas serán parciales e insuficientes.
Puebla: entre el avance legal y la deuda cotidiana
Puebla es un caso emblemático.Si bien cuenta con avances como la Ley Agnes Torres para el reconocimiento de identidad de género, los desafíos siguen siendo profundos.
Es el séptimo estado con más homicidios por motivos de orientación o identidad de género en la última década. En 2023, aunque se registró una disminución de agresiones, los números siguen siendo preocupantes.
El matrimonio igualitario se aprobó formalmente, pero aún persisten dificultades administrativas para su ejercicio.
Las personas LGBTQIA+ en Puebla también denuncian discriminación sistemática en servicios públicos, educación y salud. De hecho, el 84% de quienes pertenecen a esta comunidad en la entidad reportan haber sufrido discriminación, y casi la mitad ha sido despedida por motivos relacionados con su identidad.
Frente a este panorama, han surgido iniciativas alentadoras: ferias de salud inclusiva, centros comunitarios y la acción de colectivos universitarios y ciudadanos que buscan generar espacios seguros.
Pero sin presupuesto ni respaldo institucional suficiente, estos esfuerzos terminan siendo paliativos donde debería haber soluciones de fondo.
¿Qué sigue?
El orgullo LGBTQIA+ no puede limitarse a una fecha del calendario. Debe ser un compromiso permanente que se traduzca en políticas, presupuestos y cambios culturales. Para ello, es imprescindible una agenda nacional que homologue derechos, erradique la violencia, respalde la salud y reconozca las distintas formas de habitar la diversidad.
Los colores del arcoíris nos recuerdan que no hay una sola forma de ser, pero todas merecen respeto, dignidad y libertad. Ese es el verdadero sentido del orgullo: no solo celebrarse, sino exigir que la vida —toda la vida— sea vivible.
